La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto ha presentado ante la Consejerí­a de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, un nuevo escrito por el que amplí­a las alegaciones formuladas anteriormente contra el Proyecto de "Instalación de dos hornos crematorios en Tanatorio Sur de Madrid". El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Madrid a través de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, se encuentra pendiente de la emisión de Declaración de Impacto Ambiental por la Comunidad de Madrid.

A los motivos ya alegados anteriormente (la emisión a la atmósfera de gases altamente contaminantes durante el proceso de combustión de cadáveres, el incumplimiento de la distancia mí­nima de separación a zonas habitadas de 2.000 m establecido por el Reglamento de Actividades Molestas Insalubres Nocivas y Peligrosas, o la discriminación territorial que sufren los barrios periféricos respecto del centro de la ciudad en la que está prohibida la instalación de este tipo de actividades), se añade el cumplimiento del plazo de nueve meses para emitir la Declaración de Impacto Ambiental establecido por la Ley de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, Ley 2/2002 de 19 de junio. Según dicha norma "transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá que la Declaración de Impacto Ambiental es negativa", por lo que debe considerarse rechazado el Proyecto.

Por otro lado denuncian que ni la ubicación de los hornos crematorios ni la de las chimeneas de salida de humos respetan la distancia mí­nima de separación a viviendas de 500 metros que establece el Reglamento de Policí­a Sanitaria y Mortuoria.

Así­ mismo recuerdan que el planeamiento urbaní­stico del Ensanche de Carabanchel no respetó en su dí­a dicha distancia de separación con respecto al Cementerio en detrimento de la salud de sus residentes, y exigen al Ayuntamiento que adopte medidas para restaurar la legalidad urbaní­stica e implantar un medio ambiente digno para los habitantes de las zonas próximas al Cementerio, en cumplimiento del mandato constitucional.

Mientras, los vecinos de la zona llevan recogidas más de 4.000 firmas contra el proyecto. Próximamente celebrarán una asamblea en la que decidirán la fecha de presentación de las firmas y las movilizaciones a llevar a cabo en caso de que el proyecto no sea finalmente desestimado.