Ecologistas en Acción exige de las administración que a la hora de evaluar este tipo de instalaciones se tenga en cuenta los impactos ecológicos y sociales asociados a la importación de aceites de paises como Indonesia que están deforestando los bosques para la plantación masiva de palma o a la extensión de los monocultivos de soja en Argentina o Brasil que están provocando la desestructuración social de las zonas donde se implanta, con la expulsión de campesinos que acaban nutriendo las bolsas de pobreza de las ciudades. Además, los monocultivos de soja están provocando desabastecimiento de agua a poblaciones y procesos de desertificación, agravados por la incorporación masiva de herbicidas por el uso de variedades transgénicas.

Para Ecologistas en Acción sólo se deben autorizar instalaciones de agrocombustibles que garanticen que la materia prima procede de residuos como aceites usados o restos de cosechas o subporductos agroindustriales. Se deben minimizar los procedentes de producciones especí­ficas para combustibles garantizando en todo caso que se trata de producciones locales que no merman la producción para alimentos y que garantizan, tras rigurosos estudios del ciclo de vida completo, que presentan balances energéticos positivos.

En la actualidad buena parte de los análisis energéticos dan como resultado balances negativos por lo que se cae en el absurdo de gastar más energí­a en la producción del agrocombustible que lo que se obtiene de éste, especialmente en producciones de importación a las que hay que computar el gasto de combustible para su transporte.

Para Ecologistas en Acción hay serí­as dudas de que los agrocombustibles puedan aportar gran cosa a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mientras que si hay certezas de los impactos socioambientales que la extensión de los monocultivos agroindustriales provoca, por lo que pedimos que se aplique el principio de precaución a la hora de autorizar este tipo de instalaciones que como las del Puerto cuentan con una importante aportación de dinero público.

Sólo polí­ticas radicales de reducción del transporte privado mediante una ordenación territorial que limite la necesidad de desplazamiento y una apuesta decidida por el transporte público colectivo y por el no motorizado, serán soluciones reales al problema de las insostenibilidad de nuestras emisiones.