V de Vivienda (la Asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna) de Leganés iniciará desde primeros del próximo año una campaña de explicación y recogida de firmas entre los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo para exigir al Ayuntamiento que el próximo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sea discutido en asambleas populares en los diferentes barrios y aprobado finalmente en referéndum.

El Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento fundamental por el que se estructura y organiza una ciudad, y su discusión y aprobación constituyen los actos más importantes de la polí­tica municipal. Afecta de forma directa y profunda a la vida de los vecinos, en la medida que determina dónde se urbaniza y de qué modo, la ordenación de los barrios, los espacios verdes, los lugares públicos de encuentro y convivencia, el sector industrial y el empleo o el comercio, entre otras áreas. Y desde luego es una pieza esencial en el logro del derecho a una vivienda digna para toda la ciudadaní­a.

Desde finales de la anterior legislatura, se viene hablando en diferentes medios de la necesidad de empezar la discusión y elaboración de un nuevo PGOU. Algunas de las formaciones polí­ticas que concurrieron a las elecciones municipales hicieron depender de ello sus propuestas en materia de vivienda. En cualquier caso, al menos durante 2008 deberí­a acometerse la revisión del Plan, según la normativa urbaní­stica.

V de Vivienda considera que la más profunda democracia participativa es la mejor garantí­a de que el PGOU no se convierta en terreno de disputas mezquinas que amparen intereses especulativos de unos y otros. Leganés es de todas y todos sus ciudadanos, y todos deben discutir en profundidad su futuro. Ello se asegura de manera práctica haciendo que sea el conjunto de la ciudadaní­a quien tenga la capacidad de iniciativa, debate y decisión final sobre el Plan General.

V de Vivienda entiende que los argumentos habituales para oponerse a la más profunda participación ciudadana carecen de fundamento.

No se pretende suplantar la representatividad democrática del pleno del Ayuntamiento y el gobierno municipal. Se quiere aumentar la democracia, convertirla en verdadera democracia popular, no hacerla disminuir. Y no existe ningún impedimento legal para que el Ayuntamiento se comprometa a aceptar y aprobar con el procedimiento correspondiente el modelo de ciudad que nazca de la discusión ciudadana. Lo cual es compatible con el mantenimiento de los correspondientes debates municipales y la capacidad de propuesta de la propia Corporación.

La objeción corriente según la cual el urbanismo es una materia ardua y difí­cil de comprender por el ciudadano medio por la multitud de tecnicismos en que se basa puede salvarse con una adecuada asistencia de técnicos municipales a las asambleas de barrios en que se organice el debate. Los ciudadanos saben perfectamente en qué ciudad quieren vivir. La plasmación en el PGOU es un problema de procedimiento fácilmente resoluble.

Finalmente, la experiencia ha demostrado hasta la saciedad en nuestro paí­s que dejar la elaboración del urbanismo de nuestras ciudades en exclusiva a los representantes institucionales no garantiza en absoluto que no se vaya a ceder a los intereses privados de los grandes grupos inmobiliarios, en contra del interés general, que es el que siempre se dice defender. La corrupción tiene su mejor caldo de cultivo en la reducción de la democracia, la opacidad y la pasividad de la ciudadaní­a.

Por todo ello, el próximo año V de Vivienda se movilizará y llamará a los ciudadanos y ciudadanas a que exijan sus derechos básicos de participación y decisión sobre su futuro, con todas las consecuencias.