Pese a firmar hace 10 años el Convenio de Diversidad Biológica y dotarse de los instrumentos necesarios para desarrollar medidas de conservación de la biodiversidad, tales como la Estrategia Española de Biodiversidad, nuestro paí­s carece de la voluntad y del compromiso para llevar a cabo lo establecido en ambos documentos. Esta situación queda de manifiesto en el inmovilismo legislativo en que se mantiene la gestión de la biodiversidad, en el retraso a aplicar medidas reales de protección y en el incumplimiento reiterado de la Estrategia Española de Biodiversidad.

Ante la celebración del Dí­a Mundial de la Diversidad Biológica, Amigos de la Tierra no ha querido pasar la ocasión para hacer balance de la labor y actitud del gobierno español respecto a la gestión y conservación de la diversidad biológica en nuestro paí­s. Pese a que España es el paí­s europeo con mayor biodiversidad, la situación en cuanto a la gestión es bastante preocupante. Desde Amigos de la Tierra queremos destacar especialmente:

Inmovilismo legislativo en materia de conservación y gestión de la biodiversidad

En estos últimos años se ha producido un claro parón legislativo en la creación y aplicación de normas jurí­dicas que adecúen, actualicen y hagan operativos los objetivos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en España. Esta situación queda patente en los siguientes argumentos:

La legislación nacional marco no recoge los compromisos derivados de la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica suscritos y ratificados por España y en vigor desde 1993.

La legislación nacional no reconoce ni da amparo legal a figuras internacionales que suponen un compromiso ante la comunidad internacional, como son las Reservas de la Biosfera (del Programa MAB de la UNESCO), la Lista Internacional de Zonas Húmedas de Importancia Internacional (Convenio Ramsar), o las Zonas especialmente protegidas del Mediterráneo (Convenio de Barcelona).

La legislación nacional no reconoce ni da amparo legal a las figuras derivadas de la legislación comunitaria europea en la forma adecuada, entre los que se encuentran las Zonas Especiales de Conservación y Zonas Especiales de Protección de Aves, situación que originó en el pasado varias llamadas de atención de la Unión Europea y que permanece resuelta de una forma totalmente insatisfactoria, mediante leyes de modificación parcial de la ley marco (leyes 40 y 41 de 1997).

No se ha producido la necesaria actualización de una ley marco de bosques que sustituya a la preconstitucional y obsoleta Ley de Montes de 1957, aún en vigor.

La Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza excluye la participación de cualquier organismo que no sea una Administración Pública, contraviniendo los criterios recomendados por el propio Convenio de Biodiversidad sobre participación.

Desde 1996 no se designan nuevos humedales de importancia internacional a pesar de la evidente necesidad de ello.

Retraso deliberado en la aplicación de medidas reales de protección de la biodiversidad

Los retrasos acumulados y constantes en la puesta en marcha y aplicación de medidas concretas de actuación en materia de protección y gestión de la biodiversidad son una tónica tan reiterada que se evidencia como deliberada. Al retraso en la declaración de los Lugares de Importancia para la Conservación (LICs) cuyo grado de postergación respecto a los ya retrasados calendarios de aplicación es lamentable, se une el oscurantismo constante que mantiene la Administración en la difusión de los datos y la negación a la participación de sectores no gubernamentales en este proceso.

El retraso en la aplicación de la Red Natura 2000, de gran trascendencia en el ámbito territorial español, está permitiendo plantear el desarrollo de planes y la construcción de infraestructuras de fuerte impacto ambiental sin tener previamente determinados los lugares de importancia ecológica en el ámbito europeo (no ya en el nacional) con los posibles desaguisados ambientales.

Esta situación es debida a la falta de interés del Gobierno en abordar la ordenación del territorio y los recursos naturales sobre unas bases ecológicamente sostenibles basadas en la conservación y gestión de la biodiversidad, incumpliendo la letra y el espí­ritu del Convenio de Biodiversidad.

INCUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Pero el caso más flagrante de abandono gubernamental de la polí­tica de conservación y gestión de la biodiversidad reside en el incumplimiento absoluto de la Estrategia Española de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica. Pasados los propios plazos señalados en la Estrategia (tres años para su aprobación), no se ha producido la aprobación de ninguno de los doce planes sectoriales que la propia estrategia exigí­a. Tampoco se han puesto en marcha las siete medidas principales que establecí­a y cuyos plazos también se han cumplido.

Esta situación demuestra el desinterés, abandono e incumplimiento absoluto a que esta sometiendo el gobierno su propia Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.

Finalmente y como triste conclusión, denunciamos que la falta de interés gubernamental en la conservación y la gestión sostenible de la biodiversidad permite medir el interés real del ejecutivo en el desarrollo sostenible, una de cuyos elementos esenciales descansa en la gestión sostenible de la diversidad biológica.