La empresa española ENCE pretende construir en Punto Pereira
(Uruguay) una fábrica de celulosa, con una producción anual de un
millón de toneladas. Para esta operación, que representará un costo de
1.385 millones de euros, ENCE ha solicitado un crédito a bancos
privados y una póliza por "riesgos polí­ticos" a la Compañí­a Española
de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), en la cual el Estado
tiene la mayorí­a del capital ( 50.25%). Puesto que se trata de una
operación "riesgo-paí­s" por cuenta del Estado, es el Gobierno español,
a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del propio
presidente del Gobierno, quien tiene el peso decisivo sobre su
aprobación. Si se aprueba esta operación, el Gobierno serí­a
co-responsable de los daños ambientales e impactos socio-económicos
que se podrí­an provocar en esta región.

Para analizar el proyecto e informar sobre sus consecuencias al
Gobierno, el Congreso de los Diputados, los medios de comunicación y
la sociedad civil internacional, hemos solicitado a CESCE el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) de ENCE sobre la factorí­a proyectada. Hasta
la fecha CESCE se ha negado a entregar la documentación a pesar de que
ha transcurrido el mes de plazo establecido desde su solicitud y que
se realizó el pago reclamado por CESCE para la gestión. Además, en una
conversación personal con el presidente de la compañí­a, Juan Badosa,
durante la IX Conferencia Anual de CESCE el pasado 15 de noviembre,
éste nos confirmó que í­bamos a recibir el estudio en el plazo más
breve posible, aunque dudaba que éste estuviese finalizado. Los
documentos internos de CESCE tampoco hacen referencia a ningún EIA, y
tan sólo mencionan la evaluación de la Corporación Financiera
Internacional del Grupo del Banco Mundial para un proyecto anterior.

La opinión pública tiene el derecho a conocer la información
solicitada por cuanto no opera ninguna causa de denegación de la misma
contemplada en la Ley 27/2006 (Ley por la que se regula los derechos
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente). En relación a las excusas
aducidas por CESCE, que suponen una barrera ilegí­tima y arbitraria al
ejercicio de un derecho fundamental y humano -reconocido en el
Convenio de Aarhus y en la Constitución Española- exponemos que:

1) La Ley 27/2006 es aplicable a toda autoridad pública o ente privado
que maneje información ambiental según el concepto que la propia ley
determina en su artí­culo 2.3.

2) Para acceder a la información no hace falta ser persona interesada
sino ser miembro del "público" que se define como "cualquier persona
fí­sica o jurí­dica". Así­ pues, cualquier persona puede acceder a la
información ambiental y no hace falta demostrar interés alguno ni
demostrar representar a nadie. Tenemos derecho a obtener la
información inmediatamente, y en el plazo máximo de un mes. El
concepto de persona interesada se reserva para procesos de
participación y el acceso a la justicia, con lo que no es aplicable a
este caso en que únicamente se pretende acceder a la información.

Por todo lo anterior y de acuerdo con el artí­culo 29 de la Ley
29/1998, que regula la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
solicitamos a CESCE la entrega inmediata de la información y
advertimos de que en caso contrario la reclamaremos judicialmente
pidiendo expresamente la condena en costas por su temeridad al denegar
los datos públicos solicitados y que entenderemos que cualquier
negativa a dicho acceso se trata de una obstrucción a un derecho
fundamental que puede ser constitutiva de delito. Todo ello sin
perjuicio de reclamar oportunamente al Ministerio de Comercio, del que
este organismo depende.

Asimismo denunciamos que CESCE ha violado con esta actitud los
acuerdos de la OCDE en materia de medio ambiente, según los cuales
para los proyectos de más de 2 años CESCE debe pedir un EIA y que los
EIA sean públicos mí­nimo 30 dí­as antes de la aprobación.

En la región donde ENCE trata de establecer la papelera, se ha
generado una fuerte contestación social. Las autoridades uruguayas
también han denegado la información ambiental solicitada por las
organizaciones sociales sobre el proyecto. Los grupos REDES-Amigos de
la Tierra Uruguay, el Grupo Guayubira, la Casa del Pueblo Arco Iris
(Tarariras, Colonia) y la Asamblea por un Uruguay Natural
Multiproductivo consideran que la justicia prefirió tutelar al Estado,
en su intención de reservar en secreto la información relativa al
grupo empresarial ENCE, y no al derecho de los ciudadanos a acceder a
información pública. El Juez no acogió la acción de amparo presentada
por estas organizaciones.