CCOO considera que esta noticia evidencia que el Gobierno regional "está actuando para el interés particular en vez de para el beneficio de todos los madrileños y españoles", y supone "un duro golpe" para quienes actúan como si la región fuera "el cortijo particular de la presidenta y de sus amigos", creyéndose "por encima de las leyes", un intento que está "fracasando" con decisiones como ésta con la que el Tribunal Constitucional y el Gobierno de España "vienen a poner las cosas en su sitio".