El proyecto de Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad pretende,
entre muchas otras mejoras para la conservación de la naturaleza,
solucionar algunos defectos graves de nuestra legislación respecto a
lo exigido por las directivas europeas.

Entre estos defectos se encuentran varias prohibiciones de las
directivas europeas a algunas prácticas cinegéticas que algunas
Comunidades Autónomas han venido autorizando de manera contraria a la
normativa comunitaria. Algunos ya han sido incluso objeto de sentencia
por parte del Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo, como son la
caza de palomas en primavera (contrapasa) en el Paí­s Vasco, o la caza
de zorzales con liga (parany) en la Comunidad Valenciana. Sin embargo,
determinados sectores persisten en una actitud que solamente puede
calificarse como recalcitrante, y acudiendo a argumentos puramente
demagógicos, cuando no directamente falsos, están intentando convencer
a determinados diputados o grupos polí­ticos de aprobar modificaciones
en la Ley que son contrarias a las directivas comunitarias.

En este sentido, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y WWF/Adena
desean aclarar lo siguiente:

– El proyecto de Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad
no atenta contra la práctica de la caza en España, sino que intenta
resolver los problemas de trasposición existentes hasta ahora de las
directivas europeas, en las que se habí­an escudado algunas Comunidades
Autónomas para autorizar prácticas cinegéticas prohibidas por la
legislación comunitaria. En consecuencia, las prohibiciones o
limitaciones a la práctica de la caza incluidas en la Ley son las
expresadas en la legislación europea. El Ministerio de Medio Ambiente
no añade nada que no estuviera ya contemplado en esas directivas.

– En el caso concreto de la caza de perdiz con reclamo, uno
de los debates más enconados, el texto original del proyecto de Ley se
limita a señalar las prohibiciones genéricas de la directiva Aves,
concretamente: "Queda prohibido con carácter general el ejercicio de
la caza de aves durante la época de celo, reproducción y crianza, y la
caza durante el trayecto de regreso hacia los lugares de crí­a en el
caso de especies migratorias". La enmienda aprobada en el Senado para
permitir la caza de perdiz con reclamo es contraria a la directiva,
por cuanto no explicita que no se puede realizar durante la época de
celo, que es precisamente cuando se practica esta caza con reclamo.
Por el contrario, se intenta justificar por ser tradicional, cuando el
Tribunal Europeo ya ha reiterado muchas veces que la tradicionalidad
de una práctica no es una justificación válida en derecho.

– En cuanto al uso de plomo en los humedales, la Ley no hace más que extender el Real Decreto ya en vigor "“pero todaví­a incumplido
en muchas Comunidades Autónomas- de prohibición de su uso en humedales
de importancia internacional catalogados en el Convenio de Ramsar, a
aquellos humedales protegidos por la Red Natura 2000 u otros espacios
protegidos. Se trata de una extensión í­nfima aunque totalmente
justificada de la prohibición ya vigente, por cuanto está comprobado y
reconocido por las propias asociaciones de cazadores que el plomo es
un metal pesado altamente tóxico cuyo uso debe ser erradicado del
medio natural en el menor plazo posible, y en particular en el medio
acuático que es donde produce los mayores daños biológicos. De hecho,
es muy posible que en un futuro inmediato el uso del plomo como
munición quede totalmente prohibido a nivel internacional, y en este
sentido los cazadores ya están investigando alternativas.

– También es falso que el proyecto de Ley limite o prohí­ba
por principio la práctica de la caza en la Red Natura 2000 como
algunos sectores de manera falsa y demagógica han publicado en algunos
medios de comunicación. Las limitaciones que en su caso puedan
establecerse en las zonas incluidas en la Red tendrán que ser
estipuladas por la administración competente que en todo caso son las
Comunidades Autónomas, sin que la Ley establezca ningún precepto
previo al respecto. Antes al contrario, esta Ley mejorará de manera
sustancial los derechos de propietarios y usuarios de los terrenos
amparados por la Red Natura 2000, respecto de la total indefinición
jurí­dica existente en la actualidad.

– Finalmente, declaramos que es completamente falso que no
se consultara a los cazadores en el proceso de debate de la Ley previo
a su entrada en el Parlamento. Somos testigos de la presencia de
varios representantes de las más importantes organizaciones
cinegéticas en una larga reunión presidida por el Secretario General
del Territorio y la Biodiversidad, D. Antonio Serrano, y el Director
General de Biodiversidad, D. José Luis Herranz, junto a muchos otros
colectivos, entre ellos las ONG ambientales, las organizaciones
agrarias y varios colegios profesionales. En dicha reunión, celebrada
el 22 de febrero, fue presentado oficialmente el borrador del proyecto
de Ley y los representantes de la Administración nos pidieron las
correspondientes sugerencias, comentarios o alegaciones. Algunos de
los representantes presentes en aquella reunión afirman ahora no haber
sido consultados en el proceso, poniendo de manifiesto la falsedad de
sus argumentos.

Las organizaciones ecologistas queremos poner de manifiesto nuestro
malestar por un debate tan falso y demagógico, que intenta poner en
tela de juicio uno de los proyectos de Ley más importantes de la
legislatura en materia medioambiental, y además pone en riesgo su
coherencia respecto a las directivas comunitarias.

Las ONG esperamos que los señores diputados de todos los grupos
polí­ticos estarán mañana en el Congreso a la altura de las
circunstancias, y antepondrán las leyes europeas y la protección del
medio ambiente y el patrimonio común frente a la demagogia y el
interés particular de unos pocos.