Con motivo del 1 de diciembre, Dí­a Mundial de Lucha contra el Sida, la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucí­a y la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida ENLACE, llaman la atención sobre la grave situación sanitaria que se vive en las prisiones de todo el Estado, en particular, la situación en Andalucí­a.

Las prisiones concentran las mayores tasas de enfermedades infecciosas graves, mucho más elevadas que en la calle. Un 4"™2% de las personas presas tienen SIDA; el 18"™6% está afectada por el VIH; un 41% tiene hepatitis y un 5%, tuberculosis. A este desolador panorama hay que unir la incidencia cada vez mayor de la enfermedad mental en prisión, junto al aumento de casos de patologí­a dual (enfermedad mental y drogodependencias). Un 25"™7% de los presos sufre trastornos psicopatológicos.

Sin embargo, la asistencia sanitaria que reciben las personas presas enfermas es inadecuada e insuficiente, en un medio caracterizado, además, por el hacinamiento.

Para empezar, en un medio con una incidencia altí­sima de enfermedades infecciosas y enfermedades mentales, el personal sanitario de las prisiones es de atención primaria y no está preparado para tratar estas patologí­as. Además, depende jerárquicamente de Instituciones Penitenciarias, lo que interfiere en su labor médica, y es a todas luces insuficiente (1 funcionario de seguridad por cada 5 presos, pero tan sólo 1 médico por cada 162 presos y 1 enfermero por cada 127 reclusos). Igualmente, en prisión no existen programas especí­ficos para las personas con problemas mentales ni especialistas que les realicen un seguimiento adecuado.

Lo más grave es que las personas presas tampoco tienen acceso adecuado a una atención médica especializada. Una situación que se produce, lamentablemente, con demasiada frecuencia es la pérdida de citas programadas para consultas con especialistas externos en hospitales o incluso para intervenciones quirúrgicas, por la falta de policí­as para las conducciones o problemas en los traslados en ambulancia.

Por otro lado, tampoco se garantiza el desplazamiento de especialistas a las prisiones. El Reglamento Penitenciario establece que las prisiones contarán, de forma periódica, con un psiquiatra y un médico estomatólogo u odontólogo, pero esta asistencia no se produce ni con la frecuencia necesaria ni en todas las prisiones. Tampoco se cumple, a este respecto, el Convenio Marco de Colaboración en materia penitenciaria entre la Junta de Andalucí­a y la Administración central (23 de marzo de 1992) y el Convenio en materia de Asistencia Sanitaria entre la Consejerí­a de Salud-SAS y la Secretarí­a de Estado de Asuntos Penitenciarios (1995), que recogen el compromiso del SAS de ofertar a sus médicos especialistas la posibilidad de pasar consulta en el interior de los establecimientos penitenciarios.

La situación de las personas con problemas mentales en prisión ha llegado a ser tan alarmante, que en mayo de 2006 se aprobaron una serie de compromisos recogidos en un Acuerdo sectorial suscrito entre el Ministerio de Interior y la Consejerí­a para la Igualdad y Bienestar Social. Entre otras medidas, se acordó estudiar la situación actual de los programas de atención a necesidades de salud mental de la población reclusa; diseñar, realizar y analizar los resultados de un proyecto de investigación sobre las necesidades de la población reclusa con enfermedad mental y alternativa de atención; y analizar la situación de cada persona con discapacidad y, en su caso, preparar su salida del centro penitenciario.

Hasta el momento, se han creado las Comisiones de Seguimiento andaluza y casi todas las provinciales previstas en el Acuerdo. En las prisiones siguen existiendo muchas personas con problemas de salud mental en una situación de abandono.

Desde ENLACE y APDHA denunciamos que el Derecho a la Salud no está garantizado en las prisiones y, ante esta grave situación, demandamos:

–  Asegurar los medios adecuados para que las personas presas enfermas reciban una asistencia sanitaria adecuada y especializada y, en particular, recursos terapéuticos, sanitarios y sociales suficientes para que las personas enfermas sean excarceladas, incluyendo las que sufren enfermedades mentales y alguna patologí­a dual. Por ejemplo, no existen casas de acogida suficientes para las personas con enfermedades graves que son excarceladas por su delicada salud y no tienen un lugar donde ir y ser atendidas.

–  La inmediata transferencia de la sanidad penitenciaria al Servicio Andaluz de Salud. Esta transferencia, que tení­a que haberse hecho efectiva antes del 1 de diciembre de 2004, tal y como establece la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, sigue sin ser realidad. Y, entre tanto se produzca dicha transferencia, solicitamos:

o El cumplimiento del Convenio Marco de Colaboración en materia penitenciaria entre la Junta de Andalucí­a y la Administración central (1992) y del Convenio en materia de Asistencia Sanitaria entre la Consejerí­a de Salud-SAS y la Secretarí­a de Estado de Asuntos Penitenciarios del entonces Ministerio de Justicia e Interior (1995), especialmente en lo relativo a la presencia ambulatoria de especialistas médicos en las prisiones y la especial atención a los problemas de salud mental.

o El cumplimiento del Acuerdo sectorial entre el Ministerio de Interior y la Consejerí­a para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucí­a en materia de servicios sociales para personas con discapacidad internadas en establecimientos penitenciarios de Andalucí­a (2006), especialmente en lo relativo a la adecuada atención a las personas presas con enfermedad mental.

En definitiva, defendemos que de forma inmediata se aborde la situación de las personas gravemente enfermas privadas de libertad y las duras condiciones en las que se produce en general el encarcelamiento, entre ellas, un desmesurado hacinamiento, que están en la base de conflictos como el último motí­n acaecido en el centro penitenciario de Picassent.