Ecologistas en Acción responde públicamente a unas recientes declaraciones de la Delegada Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Maria José Valencia, sobre una reunión en Sevilla de varios municipios con el objetivo prioritario, dentro del Plan de Dinamización Turí­stica del Guadalquivir, de declarar el rí­o Guadalquivir como Patrimonio de la Humanidad, a fin de aumentar la promoción de este ecosistema fluvial en el sector turí­stico.

Ecologistas en Acción apoyarí­a esta propuesta siempre y cuando todos los municipios que integran la llamada Red de Ciudades del Rí­o Guadalquivir suscribieran un manifiesto conjunto dirigido a la Junta de Andalucí­a, concretamente a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejerí­a de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, exponiendo públicamente su oposición a todos los proyectos que atenten contra la conservación del rí­o Guadalquivir.

Tal es el caso de la Mina de las Cruces, cuyo proyecto recoge una explotación minera de cobre a cielo abierto, una planta hidrometalúrgica de tratamiento del mineral, varias escombreras de residuos, una presa para almacenamiento de agua depurada y varias balsas de regulación de aguas residuales, que supondrán el vertido de millones de litros diarios cargados de metales pesados durante 15 de años al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del Estuario del Guadalquivir, provocando el desplome del sector pesquero y un atentando contra la salud pública.

Cuando se van a cumplir 10 años del desastre de Aznalcóllar, y dado que el macroproyecto de Las Cruces ha recibido más de 53 millones de euros de ayudas públicas a fondo perdido y va a generar miles de millones de euros de beneficios a la multinacional canadiense Inmet Minig, lo mí­nimo que se le debe exigir es que desarrollen una polí­tica de VERTIDO CERO, técnicamente posible, que consiste en la depuración y reutilización de todas las aguas de proceso. Esta es la única manera de garantizar que esta Mina NUNCA va a producir ningún vertido tóxico al Guadalquivir de consecuencias similares al desastre de Aznalcóllar.

Para Ecologistas en Acción, resulta contradictorio que representantes polí­ticos estudien un plan de dinamización turí­stica del Rí­o Guadalquivir, sin tener en cuenta estos graves problemas ambientales que perjudican directamente a dicho ecosistema. Que nadie dude que Ecologistas en Acción informara permanentemente a todos los organismos internacionales de la incompatibilidad que supone la Declaración de Patrimonio de la Humanidad con la autorización de vertidos tóxicos.

Estas autoridades públicas deben saber que el pasado martes la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucí­a (TSJA) ha notificado a Ecologistas en Acción una sentencia firme que anula las medidas cautelares para el paso de tuberí­as de vertido tóxico por el término municipal de La Algaba.