La polí­tica pública exterior del Gobierno español está más centrada en la defensa de los intereses económicos españoles que en la lucha contra las desigualdades en América Latina. Esta es la conclusión que tenemos que sacar de la intervención del presidente español después de la polémica desatada en Santiago de Chile a raí­z de las crí­ticas del ejecutivo venezolano contra la patronal española y de los presidentes de Argentina y Nicaragua por los impactos sociales de la privatización de los servicios públicos y otras empresas estatales a cuenta de empresas españolas.

Nos parece irresponsable el papel que el Gobierno español y la Casa Real están jugando en la defensa de las inversiones españolas en el extranjero, sin evaluar ni controlar en ningún momento cuál está siendo su impacto sobre la población y el medio ambiente. Con esta polí­tica el Gobierno español no hace más que legitimar actuaciones de empresas que esconden violaciones de derechos humanos e impactos ecológicos fuera de nuestras fronteras y puede hacerse jurí­dicamente corresponsable de dichos actos por omisión.

Esta defensa ciega de los intereses privados se hace en un marco de múltiples denuncias contra el papel de las empresas transnacionales españolas en América Latina, no sólo por parte de presidentes elegidos democráticamente, sino también por parte de amplios sectores sociales. En rueda de prensa en Santiago de Chile, Zapatero afirmó que algunas de estas denuncias "no se corresponden con la realidad". Pero lo cierto es que existen numerosos conflictos abiertos, y documentados, de violaciones de derechos humanos por parte de empresas españolas. Algunos ejemplos son: Unión Fenosa acaba de ser juzgada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en Nicaragua, Repsol-YPF tiene una causa abierta por comunidades Mapuches en Argentina, Endesa ha sido denunciada repetidamente por los impactos de sus actuaciones en el Bio Bio Chileno, ENCE pretende instalar una planta de celulosa en Uruguay en contra de la voluntad de la población, AGBAR tiene conflictos abiertos por la gestión del agua en Argentina, Chile, Brasil y México, BBVA ha sido investigado por compra de voluntades polí­ticas y corrupción en México, Venezuela, Colombia y Perú, etc.

Exigimos un cambio urgente en la polí­tica del Gobierno español. Desde el Estado español se debe garantizar por Ley el cumplimiento, por parte de las empresas transnacionales españolas que actúan en el extranjero, los estándares sociales y ambientales que estas mismas empresas deben cumplir aquí­.

Demandamos asimismo que se preste la atención y el apoyo necesarios a aquellos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que denuncien actuaciones irresponsables de empresas españolas, con el fin de garantizar el derecho a una vida digna y hacer realidad la erradicación de la pobreza y sus causas.