En la Cañada Real Galiana conviven personas que no tienen otro lugar donde vivir con otras que actúan en redes organizadas de delincuencia de todo tipo. La construcción ilegal se viene realizando en un contexto de absoluta impunidad, junto a infraviviendas se levantan ostentosas edificaciones y circulan vehí­culos de gran cilindrada. Las parcelas "se ceden" (no se venden) por cientos de miles de euros. La Comunidad de Madrid, y en concreto la Consejerí­a de Economí­a y Consumo es conocedora de esta situación. Ecologistas en Acción, lleva solicitando al actual Consejero, Fernando Merry del Val, actuaciones y soluciones en la Cañada desde el año 2004.

El 20 de abril de 2005, en la reunión del pleno del Patronato de Ví­as Pecuarias, el, entonces Teniente Coronel de Operaciones de la Guardia Civil, Tomás Navarro Oliver, solicitó al Consejero colaboración en una actuación de gran envergadura en la que se habí­an detenido a varias personas por comercio ilegal de residuos y en la que se requisó maquinaria pesada, en varias parcelas de la Cañada Real Galiana. Tras la inactividad de la Consejerí­a, Ecologistas en Acción solicitó por escrito al Consejero Merry del Val y al Ayuntamiento de Madrid, urgente colaboración. Hasta la fecha no ha habido contestación alguna por parte ni de la Comunidad de Madrid ni del Ayuntamiento.

En ese mismo año, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Jefatura Superior de Policí­a solicitaron medidas urgentes pero tampoco se actuó entonces.

En 2004, el Defensor del Menor se reunió con Ecologistas en Acción para buscar una solución a los atropellos de menores por el tránsito de camiones al vertedero de Valdemingómez. En aquella ocasión se acordó poner semáforos, aunque la Ley de Ví­as Pecuarias no lo permite.

En este contexto y después de años de desidia, la Comunidad de Madrid, decide, -en lugar de desarrollar un plan en el que se tomen medidas sociales, urbaní­sticas y policiales-, enviar a los agentes forestales, un cuerpo especializado en temática ambiental, no social, ni delictiva. Esta decisión, además de poner en riesgo la seguridad de los agentes forestales, no va a resolver los graves problemas que aquejan a esta ví­a pecuaria y a las 40.000 personas que malviven en ella.

Por ello, Ecologistas en Acción pide a la Comunidad de Madrid que forme urgentemente una Comisión Mixta entre el Gobierno regional, Delegación del Gobierno y Ayuntamientos de la zona, para elaborar un programa integral y completo que aborde estos problemas.

Dicho programa pasarí­a por el realojo de la población que ha ocupado la Cañada por necesidad, con apoyo de las administraciones e instituciones responsables en materia de inmigración, sanitarias, educativas, Defensor del menor, etc. Las ocupaciones realizadas por personas no necesitadas que, además, comercian de modo ilegal en la Cañada deben ser tratadas con dureza aplicando la Ley de Ví­as Pecuarias o el Código Penal.

Una vez eliminadas las edificaciones ilegales habrá que poner en marcha un programa de recuperación de la Cañada Real, que permita eliminar los restos de las construcciones ilegales, reforestar y descontaminar los suelos utilizados para almacenar residuos tóxicos y peligrosos.

El objetivo debe ser convertir la Cañada Real en un eje verde para el esparcimiento y ocio de la población y como franja de amortiguamiento del Parque Regional del Sureste, con quien limita la cañada en un amplio espacio.