El Observatorio de la Seguridad Pública del Instituto de Estudios de Seguridad y Policí­a, en su número dedicado a analizar el fenómeno de la inseguridad y ante el debate que pretende relacionar inmigración y delincuencia, aporta datos estadí­sticos que desmienten la afirmación del Gobierno que dice que durante el año 2001, el 40 % de los detenidos por un delito o una falta penal eran extranjeros, cuando los datos oficiales demuestran que la cifra real de extranjeros detenidos fue de un 28.2% (65.382 detenciones practicadas), frente a un 71.8% de españoles (166.765 detenciones).

Ante la afirmación del Gobierno de que en el caso de los delitos que más crecieron en 2001, la tasa de detenidos extranjeros llegó al 50%, la realidad indica que las figuras delictivas que más crecieron fueron los delitos contra el patrimonio (12.7%), y la tasa de extranjeros detenidos por esta causa fue del 27.2%, frente al 72.8% de españoles. El Observatorio de la Seguridad Pública desmonta también el intento del Gobierno de relacionar inmigración y delincuencia, y le recuerda que la población inmigrante aumentó más de un 17% entre los años 1999 y 2000, y, en cambio, y para igual periodo, el Gobierno presentó a bombo y platillo unas cifras de disminución de la criminalidad de -3%, sin decir entonces ninguna palabra del componente de la población extranjera en los í­ndices de criminalidad.

Destaca también, que a tenor de las imputaciones que se realizar policialmente al practicar una detención, se observa que las causas esgrimidas para los detenidos extranjeros son muy similares a las referidas a los delincuentes españoles: el 50% de unos y otros son acusados de un delito contra el patrimonio, en torno al 7.5% por tráfico de drogas, un 5.5% por delitos contra las personas, cerca del 2% por delitos contra la libertad sexual, el 11% por alguna falta penal y el resto por otras infracciones penales.

El Observatorio hace una proyección del número de delincuentes que operaban en España en 2001, tomando como referencia las cifras de detenciones practicadas y los niveles de reincidencia de los detenidos, de modo que, admitiendo un significativo margen de error, se puede decir que hay un total de 161.000 delincuente operando en España, de los que 125.000 serí­an españoles (0.3%), y 36.000 extranjeros (no más del 2.5% del total del la población inmigrante española).

En este sentido, CC.OO. recuerda la resolución de la Confederación Europea de Sindicatos, que tras analizar las manifestaciones del 1º de Mayo en Europa, donde los lí­deres sindicales lanzaron diversos llamamientos por una sociedad mas justa y mas tolerante, reafirma su adhesión a los valores de la democracia y de la solidaridad, manifiesta su convicción de la igualdad de derechos y de trato, y de que la inclusión y la cohesión sociales, siguen siendo instrumentos eficaces para combatir el racismo, la xenofobia y los repliegues nacionalistas.

Frente a los que relacionan de manera general y unidimensional, la inmigración con la inseguridad y la criminalidad, la CES opina que una polí­tica de inmigración clara, que regula a nivel europeo la entrada y la admisión de los trabajadores y trabajadoras de terceros paí­ses se impone para combatir eficazmente el racismo, la xenofobia y todas otras formas de discriminación y para valorar la diversidad cultural.

A juicio de la CES, la Convención que prepara Europa después de 2004, no puede seguir estancada en las competencias europeas en materia de inmigración. La CES reconoce que el aumento de la violencia cotidiana refleja una vivencia de inseguridad y sobre todo de inseguridad asistencial (jurí­dica, laboral, económica...), por esta razón considera que una polí­tica europea de empleo, basada en el acceso al empleo de calidad, es más que nunca necesaria, por lo que opina que las medidas que faciliten la inclusión de grupos que tienen mas dificultades para encontrar un empleo, una formación o un alojamiento son indispensables.