Entre 1990 y 2000, el suelo urbanizable en España aumentó 170.384 hectáreas, lo que supone el 25% del territorio. En este mismo periodo se perdieron 239.248 hectáreas de suelo forestal.

En 2005 se batieron todos los record de construcción llegando a las 800.000 viviendas. La construcción ha pasado a convertirse en uno de los principales negocios y el motor económico del paí­s. Sólo en 2005 la construcción explicó en España el 40% del aumento del empleo total de la economí­a y el 33% del crecimiento del PIB.

Asociado a esta vorágine constructiva surgen los problemas de corrupción en la mayorí­a de las administraciones. En este contexto las irregularidades urbaní­sticas son constantes. Los derechos de los ciudadanos se pisotean y los informes ambientales negativos se convierten en positivos. Los Ayuntamientos ocultan información urbaní­stica y son numerosos los casos de prevaricación y delito urbaní­stico cometidos por responsables municipales. A pesar de las denuncias, la impunidad es escandalosa. La falta de sensibilidad o de conocimiento urbaní­stico por parte de muchos jueces contribuye a fomentar esta situación.

La persecución judicial, policial o de ciertas administraciones públicas contra activistas medioambientales ha sido una constante desde que el ecologismo existe como movimiento social y contrasta con la impunidad con la que siempre han actuado los infractores ambientales. La justicia sigue sin medir con el mismo rasero a unos y a otros.

Aunque en muchos casos se han archivado, sobreseí­do o finalmente los activistas han sido absueltos (en primera o en segunda instancia), han supuesto, como es obvio, incomodidades, pérdida de tiempo y presión psicológica. Pero en otros casos los ecologistas han sido condenados o han tenido que afrontar fianzas o multas. Desde hace un tiempo hemos detectado un recrudecimiento de los casos de ecologistas procesados, con la particularidad de que el acoso se ha extendido también contra nuestros abogados. Hay que hacer notar al respecto que el número de denuncias por cuestiones urbaní­sticas ha crecido mucho en los últimos años y que, al haber mucho dinero e intereses en juego en esa materia, la virulencia de las acusaciones contra los miembros de Ecologistas en Acción o nuestros letrados es notable.

Es de resaltar, también, que mientras antes las acusaciones más frecuentes eran por resistencia a la policí­a, daños a actividades o empresas u ocupación temporal de inmuebles, ahora han aumentado significativamente las denuncias por injurias y calumnias. Lo más preocupante no es tanto el hecho de que haya muchas empresas o "autoridades" que nos denuncian, sino que en algunos casos diferentes instancias de la administración de justicia están tramitando estos procedimientos con un "interés" y agilidad que no tienen cuando se trata de delincuentes ambientales.

PROGRAMA
DÍA 17 de noviembre, sábado.

MAÑANA

De 10.30 horas a 11.30.

Don Jesús Lizcano Álvarez

Presidente Transparencia Internacional en España.

"La corrupción a nivel nacional e internacional: Problemas y soluciones".

De 11.40 horas a 12.40.

Don Pedro Costa Morata. Catedrático y Profesor en la E. U. de I. T. de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Licenciado en Ciencias Polí­ticas y Sociologí­a. Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Premio Nacional de Medio Ambiente.

"El ecologismo histórico en España y el urbanismo litoral".

De 12.50 horas a 13.50.

Don José Antonio Martin Pallin.

Magistrado emerito del Tribunal Supremo.

"Urbanismo y corrupción".

TARDE

De 16.30 horas a 17.30.

Don Jaime Doreste Hernández.

Coordinador del Área Jurí­dica Confederal de Ecologistas en Acción.

"Persecución a ecologistas por denuncia de la delincuencia urbaní­stica".

De 17.40 horas a 18.40.

Don José Luí­s Dí­az Manzanera.

Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

"El delito urbaní­stico en la jurisprudencia".

Lugar.: Salón de actos de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
C/ Tiendas nº 12, Almerí­a