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UGT y CCOO denuncian que el Gobierno oculta información sobre la reforma del desempleo que quiere imponer
Recibida de CC.OO y UGT el 20-05-2002 a las 11:05

El documento sobre el que discute la Conferencia Sectorial de Empleo no fue entregado a las organizaciones sindicales.

UGT y CCOO denuncian que el Gobierno está ocultando información sobre la reforma de la protección por desempleo que plantea. El documento que se está analizando hoy en la Conferencia Sectorial de Empleo no ha sido entregado a las organizaciones sindicales, pero contiene importantes modificaciones con respecto a la propuesta remitida a los sindicatos. Este es el caso del contrato de inserción que se convierte, con los planteamientos del Ejecutivo, en un contrato precario, temporal y en la práctica sin causa que puede ser utilizado por cualquier empresa. Todo ello demuestra que, una vez más el Gobierno desde el momento que anunció su voluntad de modificar el sistema ya habí­a decidido imponer el regresivo conjunto de medidas que los sindicatos rechazan.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) ha convocado para hoy la Conferencia Sectorial de Empleo, en la que participan los Consejeros de Empleo y Trabajo de todas las Comunidades Autónomas (CC.AA.). El orden del dí­a es la reforma de la Protección por Desempleo propuesta por el Gobierno y la modificación de la Ley Básica de Empleo.

CC.OO. y UGT denuncian que el documento denominado "Borrador de la Ley Básica de Empleo", de fecha 10 de mayo, que se ha distribuido oficialmente a los Consejeros para la reunión de hoy, no ha sido entregado a las organizaciones sindicales, a pesar de que lo reclamamos en la reunión que mantuvimos el pasado dí­a 13 con el Secretario General de Empleo, Sr. Chozas.

El Gobierno por tanto está ocultando información a las organizaciones sindicales en un aspecto de tanta trascendencia como la Ley que va a definir el nuevo Sistema Nacional de Empleo, las competencias y funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo (estatal y autonómicos) y la participación de los interlocutores sociales en éstos.

Es en esta Ley donde además se definen los derechos y obligaciones de los trabajadores y trabajadoras demandantes de empleo y en la que se van a concretar las nuevas exigencias, como la obligación de aceptar lo que el Servicio Público de Empleo considere oferta adecuada de empleo (aun en contra del perfil profesional del trabajador y con precariedad); la movilidad geográfica (en perjuicio de los derechos económicos y sociales de la persona que demanda empleo y de la conciliación laboral y personal); y la suscripción obligada del compromiso de actividad poniendo a quienes perciben las prestaciones disposición de cuantas exigencias plantee la Administración.

El Gobierno, al ocultar esta información a las organizaciones sindicales, demuestra que ha decidido, desde el primer momento en que anunció su voluntad de modificar el sistema de protección por desempleo, imponer el regresivo conjunto de medidas y, ante el rechazo sindical, buscar por el contrario el apoyo de otras instituciones y organizaciones, en este caso el de las CC.AA. a través de la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Empleo.

El otro hecho que confirma esta falta de transparencia en la información son los cambios que va a realizar en el contrato de inserción. En el documento de propuestas para la reforma de la protección por desempleo que el MTAS entregó a CC.OO. y UGT el pasado dí­a 17 de abril sólo se recogí­a como modificación la supresión del derecho a la protección por desempleo para este contrato.

Sin embargo, en el documento borrador de la Ley Básica de Empleo que hoy ve la Conferencia Sectorial, el objeto del contrato y su utilización se desnaturaliza por completo. Se amplí­an las entidades que pueden utilizar este contrato a cualquier administración o empresa, pública o privada (hasta ahora sólo lo podí­an utilizar las Administraciones Públicas y las entidades sin ánimo de lucro y sólo para la realización de dos programas de fomento del empleo financiados por el INEM), y se amplí­a también la causa del contrato, que deja de ser la realización de una obra de interés general y social, y pasa a ser un contrato para la realización de cualquier trabajo o servicio dentro de un programa público, aunque sea subcontratado por una empresa privada.

Con estas modificaciones estamos ante la reedición de un nuevo contrato precario, de un contrato temporal, en la práctica sin causa, que puede ser utilizado por cualquier empresa, eliminando así­ de un plumazo y de forma unilateral los avances conseguidos a favor del empleo estable en el Acuerdo Interconfederal de 1997, cuando se eliminó precisamente el contrato temporal de fomento del empleo, causante en buena medida del fortí­simo incremento de la temporalidad, y se dejaron exclusivamente las modalidades de contratación temporal causales (la causa reside en la actividad de la empresa y no en el fomento del empleo precario).

UGT y CC.OO. vuelve a reiterar que frente a estas medidas regresivas, lo que necesita y demanda el conjunto de la sociedad es tener unos mejores Servicios Públicos de Empleo (SPE), útiles en la colocación, aumentando el escaso 17% de ofertas de empleo que hoy gestionan, y útiles para los trabajadores y trabajadoras, definiendo itinerarios de inserción laboral pactados entre éstos y los SPE. Estas son las necesidades reales de las personas desempleadas y no el modelo basado en la culpabilización de las personas en paro, la expulsión rápida del cobro de la prestación y en el empleo precario que quiere imponer el Gobierno.




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