La 1ª Cumbre Sindical Unión Europea-América Latina y Caribe, reunida en Madrid, demanda a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la II Cumbre Eurolatinoamericana, ser escuchados y que se tengan en cuenta sus propuestas.

En su llamamiento al medio centenar de mandatarios reunidos hoy en Madrid, CIOSL, CMT, CES, ORIT Y CLAT, en representación de los trabajadores de Europa y América Latina y Caribe, reclaman que se garantice la consolidación de los procesos democráticos en todos los paí­ses, el fin de la violencia polí­tica, la erradicación de la corrupción y el fin de la impunidad. En este sentido, las organizaciones sindicales, apoyan el proyecto de creación de una Asociación Polí­tica y de seguridad Euro-Latinoamericana, la firma de una Carta Latinoamericana para la Paz, y la constitución de una Asamblea Trasatlántica parlamentaria.

Piden que sean ratificados y cumplidos los convenios fundamentales del trabajo, en particular los contenidos en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la OIT de 1998 y que se vigile su cumplimiento en las empresas transnacionales, y que se promuevan las polí­ticas de género, otorgando decidido apoyo a las actividades en materia de igualdad y oportunidad entre hombres y mujeres también por medio de lí­neas de cooperación especí­ficas.
Reclaman que se reconozca el aporte económico y cultural de las migraciones, favoreciendo polí­ticas que respeten la dignidad y los derechos de las personas y su inclusión en los paí­ses de acogida, y que se creen en toso los paí­ses instituciones de consulta obligatoria y capacidad de iniciativa, del tipo de los consejos económicos y sociales, que fomenten el diálogo social y la participación de los representantes de los trabajadores, de los empresarios y de otras organizaciones sociales.

Demandan que se adopten medidas concretas tendentes a resolver el problema de la deuda externa, analizando la legitimidad de la misma en cada caso y que los gobiernos de los paí­ses desarrollados cumplan el compromiso adquirido de destinar el 0,7% del PIB a la cooperación al desarrollo y buscar otras formas de una más justa redistribución de los ingresos a nivel nacional e internacional, tales como fondos de compensación social, impuesto sobre transferencia de capitales y fondos sobre bienes internacionales, debiendo estar tos ello orientado a la lucha contra la pobreza, al desarrollo sostenible y al logro de la justicia social.

Y por último, piden que se garantice la transparencia de las negociaciones y la participación especí­fica de los sindicatos en la discusión de materias económicas, laborales y sociales, y que éstas se concreten en capí­tulos sociolaborales especí­ficos que contribuyan a reducir las asimetrí­as sociales, y que los gobiernos garanticen en todos los paí­ses el pleno respeto de los derechos humanos, y en particular de los derechos y libertades de los trabajadores y sus organizaciones.