La Mancomunidad de la Vega presentó en Abril un proyecto, elaborado por la empresa CESPA, de adecuación del actual vertedero de Residuos Sólidos Urbanos a la ley IPPC que obliga a obtener la Autorización Ambiental Integrada de estas instalaciones antes del 31 de octubre. La solicitud incluí­a la ampliación de las instalaciones a vertedero de Residuos Peligrosos.

Ecologistas en Acción presentó alegaciones basadas en la falta de control de las instalaciones ya existentes como el vertedero de Nerva y en que el propio Plan de Residuos de la Junta de Andalucí­a no contempla la creación de nuevas instalaciones de este tipo. A la oposición a este vertedero se sumó el SOC de Alcalá del Rí­o que inició una campaña de información de la ciudadaní­a y exigió explicaciones al Alcalde de Alcalá, municipio donde se ubica el vertedero de la Mancomunidad, sobre el sentido de los informes que tení­a que emitir el Ayuntamiento de compatibilidad urbaní­stica del vertedero con el PGOU.

Sin embargo, antes de que se haya resuelto el expediente de Autorización Ambiental Integrada, la Mancomunidad da marcha atrás mediante carta de Justo Padilla a la Delegada de Medio Ambiente en la que se dice textualmente "... no es intención de nuestra Mancomunidad la construcción del vertedero de Residuos Peligrosos ni nuestro Plan Director Provincial contempla vertederos de tales caracterí­sticas, comentándole que en ningún momento la Mancomunidad que presido o mejor dicho su dirección polí­tica ha sido consciente de la inclusión en la IPPC de estas obras,..."

A esta carta le siguió una solicitud de la empresa promotora CESPA en el mismo sentido.

Ecologistas en Acción exige que se depuren responsabilidades ya que si como dice el alcalde de Guillena, ha sido una iniciativa particular de los gestores de la planta y de la empresa promotora, sin conocimiento de la Mancomunidad que los ha contratado, se les debe exigir responsabilidades por actuar al margen de la dirección polí­tica, representantes de la ciudadaní­a, y por haber usando fondos de la Mancomunidad para intentar colar un proyecto muy nocivo para los habitantes y el medio ambiente de la zona.

En todo caso, esto no exime de responsabilidad a los alcaldes que controlan la Mancomunidad, responsables de velar que las actuaciones que se vienen realizando en nombre de la Mancomunidad sean las decididas en los órganos correspondientes y que no quepa la posibilidad de saltarse estos mecanismos de control.