Nuestra Constitución dice en su artí­culo 10 :" La dignidad de la persona, los derechos inviolables ( que como persona, no ya como ciudadano) que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden polí­tico y de la paz social " , además en su artí­culo 39 se dice que: "los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurí­dica de la familia( niños incluidos)" y "... los niños gozaran de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos (Convención de 1989 de las NN.UU sobre Derechos del Niño)" .

Decí­amos que son menores, menores a los que, como no puede ser de otra manera, se les exige que cumplan las leyes. Si no es así­, se les corrige, reconviene, juzga y llegado el caso encierra.

Pues bien según una ley , aprobada por la Junta General del Principado de Asturias y promulgada por el Sr Antonio Treví­n Lombán ( ¿les suena?), la Ley nº 1 de 27 de enero de 1995, conocida por LEY DE PROTECCIÓN DEL MENOR, según su "Artí­culo 37. Atención inmediata a los menores desamparados.

1. Los menores desamparados cuya tutela asuma la Administración del Principado de Asturias recibirán una atención inmediata en los centros o unidades de primera acogida y observación dispuestos al efecto.

2. Durante su estancia en los mismos, que en todo caso no podrá superar los cuarenta y cinco dí­as, se analizará su problemática a fin de determinar la medida de protección a adoptar más apropiada."

Sí­ ha leí­do bien " EN TODO CASO...... no podrá superar los cuarenta y cinco dí­as (45)".

En la Unidad de Primera Acogida del Centro Materno-Infantil de Oviedo (UPA), dependiente de la Consejerí­a de Bienestar Social del Gobierno del Ilmo. Sr. Vicente Álvarez Areces. Pues bien en esta UPA, 10 menores(diez personas) se "pudren" desde hace ya más de los 45 dí­as que la ley marca como máximo. Él que más, sobrepasa los 180 dí­as, otros CINCO (5) han superado los tres meses (120 dí­as) y cuatro (4) ya han excedido en mucho los 60 dí­as. En total, a 10 menores no se les respeta el derecho a que los Poderes Públicos tomen la "medida de protección más adecuada". Diez de un total de dieciocho (18), es decir casí­ el 6o%.

Estos menores están deprimidos y desmotivados, su proceso educativo y socializador puesto en peligro, pues desconfí­an de quienes les deben ayudar, pues "no cumplimos nuestras promesas". Una vez más ( Marruecos, Andalucia, Madrid, Cataluña, Euskadi, Cantabria.... Asturias) se le engaña y defrauda. No los educadores...., pero ellos que saben , a los que mandan ni los conocen. Nosotros, los educadores estamos desolados y abandonados, por la Administración y desolados por los chavales.

¿Quienes son las personas que no respetan el derecho de estos menores a no permanecer en esta Unidad por más de 45 dí­as y a que se tome la medida de PROTECCIÓN mas adecuada? ¿ Quienes incumplen el mandato del Pueblo Asturiano expresado a través de la Junta General ?.

Por orden cronológico serí­an, Doña Gloria Fernández (Ex-Directora del IAASIFA), Dña Laura González Álvarez (Ex-Consejera de B. Social), Don Jorge Fernández Caldevilla (Coordinador de la Fiscalí­a del Menor), Ilma. Sra. Dña. Marí­a Pilar Rodrí­guez Rodrí­guez (Consejera de Bienestar Social), y Dña Eva Marí­a Sánchez Dí­az (IAASIFA)- Evidentemente la máxima responsable, hoy, es la actual Consejera de Bienestar Social .

A todas estas personas se les comunico reiteradamente la situación de estos menores y de la Unidad, que por otro lado no es nueva sino que manifiesta la FORMA HABITUAL DE PROCEDER CON LOS MISMOS a lo largo de este año de 2007, si bien desde julio la situación se ha agravado de manera intolerable para una sociedad y un " Estado Social y Democrático de Derecho...."(art. 1 de la CE de 1978).

La razón de esta denuncia es buscar, pedir, solicitar a la Sociedad Asturiana (nosotros solos no podemos hacer más) que se rebele contra esta situación, que no se puede admitir que a todos se nos exija el cumplimiento estricto e integro de la Ley, salvo a los titulares del Poder Público, a los que deberí­an ser los supremos garantes de los derechos de estos menores, al menos en materia de Protección a la Infancia, Familia y Adolescencia. A la sociedad nos dirigimos, a su solidaridad, pues en los responsables polí­ticos hemos perdido la esperanza.