El personal de la Administración española en los citados paí­ses, que presta sus servicios en las representaciones diplomáticas y consulares españolas, así­ como oficinas de Turismo, de Comercio, Consejerí­a de Trabajo y Asuntos Sociales y centro del Instituto Cervantes, denuncia una grave y creciente pérdida salarial, que profundiza cada vez más el desfase existente entre las retribuciones percibidas por el personal de las representaciones españolas y las correspondientes a categorí­as profesionales similares en Suecia, Dinamarca y Noruega. UGT reclama una urgente equiparación salarial con los niveles retributivos existentes en los paí­ses nórdicos.

La Administración española se niega persistentemente a poner fin a esta pérdida salarial considerable, que oscila entre un 15% y un 20%, incumpliendo incluso lo dispuesto en la Ley 30/2005 de Presupuestos Generales del Estado para 2006, que establece en su artí­culo 34.5 que "...los Ministerios de Economí­a y Hacienda y de Administraciones Públicas determinarán y en su caso actualizarán las retribuciones del personal laboral en el exterior de acuerdo con las circunstancias especí­ficas de cada paí­s". Por tanto, deben ser las condiciones y los sueldos existentes en el mercado local lo que sirva de referencia para abordar la revisión de retribuciones propuesta.

La huelga convocada para los dí­as 9, 10 y 11 de octubre, cuenta con el respaldo de los sindicatos locales. En caso de no haber disposición de acuerdo por parte de la Administración se prevé ampliar la huelga al mes de noviembre. El paro anunciado afectará a la totalidad de las Embajadas de España en los tres paí­ses nórdicos, incluyendo sus secciones consulares y oficinas sectoriales de Turismo, Comercio, Consejerí­a de Trabajo y Asuntos Sociales y el centro del Instituto Cervantes en Estocolmo.

La situación que vive el personal laboral del Servicio Exterior de España en los paí­ses nórdicos es fruto y consecuencia directa de la ausencia total de un marco jurí­dico que regule adecuadamente las condiciones laborales de este colectivo profesional. La Administración española, a pesar de tí­midas manifestaciones conciliadoras realizadas, se sigue negando sistemáticamente a poner fin a esta situación que afecta a más de 6.000 empleados públicos al servicio de nuestro paí­s en el exterior.