En la tarde del 11 de septiembre, coincidiendo con la sesión plenaria de las Cortes, el diputado del grupo catalán Jordi Jané i Guasch, portavoz de CiU en la comisión de Fomento y Vivienda, recibió a una delegación de la FRAVM en respuesta a la petición de modificación de las leyes de Propiedad Horizontal y General de Subvenciones en lo que a las ayudas (subvenciones a fondo perdido) para la rehabilitación del caserí­o y la eliminación de barreras arquitectónicas (instalación de ascensores) se refiere. Esta petición fue realizada por las asociaciones de vecinos madrileñas el pasado mes de junio a los diferentes grupos del Congreso de los Diputados.

El diputado Jané, una vez oí­dos los representantes vecinales, aceptó defender la introducción de una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para favorecer la instalación de ascensores bajo el principio "quien lo pide, paga", de modo que "”contando con ayudas públicas, como sucede en la Comunidad de Madrid"” la negativa de unos comuneros no impida a otros solucionar su grave problema de movilidad y accesibilidad. Dado lo avanzado de la presente legislatura, CiU introducirí­a esta propuesta de modificación en su programa electoral para la próxima legislatura y la defenderá, si viene al caso y resulta pertinente, en relación con el real decreto de medidas de choque en materia de vivienda que prepara la ministra Chacón. Lo mismo en lo que respecta a la Ley General de Subvenciones.

El grupo catalán de CiU, promotor de la anterior modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, es el primero en contestar y recibir a la FRAVM en relación con la modificación de ambas leyes. En el ambiente de cordialidad que presidió la reunión, los representantes vecinales madrileños saludaron muy especialmente y destacaron el hecho de que cuantas veces ha pedido la FRAVM reunión al grupo de CiU, siempre se ha producido el encuentro; experiencia que no siempre se repite con el resto de grupos.

La FRAVM ha trasladado la demanda vecinal a los grupos polí­ticos de la Asamblea de Madrid y al Gobierno regional, así­ como a los alcaldes y alcaldesas de los grandes municipios para que éstos también insten a sus partidos en el Congreso de Diputados a tales modificaciones.