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Los agentes forestales solicitan al Gobierno de la Comunidad de Madrid que retire la Ley 3/2007 que dejará sin vigilancia ambiental al 74% del territorio de la región
Recibida de CC.OO. Madrid - SAFTAM - UGT el 11-09-2007 a las 02:09

La Comunidad Autónoma de Madrid tiene una superficie de 8000 km2, de los que unas 2/3 partes son de propiedad privada. Con una población de 6 millones de habitantes, y aunque altamente urbanizada, la región de Madrid tiene 7 LIC (Lugares de Interés Comunitario para la UE) que suponen unas 320.000 has, el 40% del territorio de la región, y especies en peligro de extinción y protegidas como Aquila Adalberti o Lynx pardinus.

La Comunidad de Madrid tiene casi un 30% de su territorio en proceso de desertificación/con riesgo de desertificación, a causa principalmente de los incendios forestales, un uso insostenible de los recursos naturales y la excesiva urbanización de su territorio.

El trabajo de vigilancia para la protección del medio ambiente en la Comunidad de Madrid es realizado, principalmente, por los Agentes Forestales, que son la Policí­a Ambiental en Madrid, y es el cuerpo más numeroso con 250 efectivos que ostentan el carácter de Agentes de la Autoridad y Policí­a Judicial, de ellos depende, en parte, frenar la desertificación en nuestra región. Su función genérica es la de policí­a, inspección, vigilancia y control del medio ambiente. Podemos destacar la de prevención y vigilancia de incendios forestales, cuando estos se han producido la participación en la dirección de los trabajos de extinción y posteriormente realizar la investigación de las causas que los han originado, llevando a cabo el 85% de las investigaciones de los incendios forestales.

Su trabajo es muy efectivo, realizando el 80% de las denuncias por actuaciones contra el medio ambiente de la región, según lo dicho por el Fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El 25 de julio el Gobierno Regional de Madrid aprobó la Ley 3/2007 de Medidas Urgentes de Modernización de la Administración y Gobierno. Esta ley impide a los Agentes Forestales acceder a montes y fincas privados sin orden judicial, impidiendo que puedan llevar a cabo labores de inspección, vigilancia y control en el 75%/80% del territorio de la región. Esto dificultará o eliminará la posibilidad de prevenir incendios forestales, controlar y perseguir las talas de arbolado o las construcciones ilegales, las extracciones de agua sin permisos, o el tránsito ilegal de vehí­culos por los montes, acciones que aceleran la desertificación en esta región. También impedirá que se controlen actividades ilegales como el uso de venenos, la caza y la pesca furtiva, el control de vertidos, y la protección efectiva de los Espacios Naturales Protegidos de la región.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no contó todo esto en la inauguración de COP 8 de la Convención de Naciones Unidas para la Lucha Contra la Desertificación. La propaganda del gobierno regional de Madrid en lo que a la lucha contra la desertificación se refiere, se limita a "la plantación de 15 millones de árboles con el Plan regional de Repoblaciones 2006-2010, que "pretende evitar la desertización".

Los Agentes Forestales de Madrid quieren dar a conocer a la Comunidad Internacional reunida en la COP 8 de la Convención de Naciones Unidas Para la Lucha contra la Desertificación la situación de desprotección del medio ambiente en esta región, anfitriona de la reunión, y siguen realizando movilizaciones y acciones legales para derogar la Ley 3/2007.

Los Agentes Forestales también quieren agradecer el apoyo que han recibido del Gobierno Español a través del Ministerio de Medio Ambiente, que ha anunciado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad y la petición de paralización cautelar, de todos los sindicatos, grupos ecologistas, entidades profesionales, colegios oficiales, partidos polí­ticos y de la sociedad civil en general.




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