Para las ONG de defensa del medio ambiente esto supone una merma inaceptable de la capacidad operativa de los agentes forestales, y en consecuencia, una desprotección de la naturaleza madrileña.

A juicio de estas organizaciones es incomprensible que tras haber sido finalmente reconocido el año pasado su carácter de agentes de la autoridad y policí­a judicial por la Ley estatal de Montes (10/2006), ahora la Comunidad de Madrid pretende arrebatarles estas funciones. Con ello, el gobierno de Esperanza Aguirre demuestra una vez más la importancia que le otorga a la protección del medio ambiente y la defensa de la naturaleza.