Por fin se puede considerar que el Gobierno en su conjunto, y no sólo el Ministerio de Medio Ambiente como sucedí­a hasta ahora, se compromete en la mitigación y adaptación al cambio climático. Este compromiso parece que se extiende además al de la participación pública ya que: se han incluido algunas de las aportaciones de las organizaciones sociales del Consejo Nacional del Clima, y esta propuesta se debatirá de nuevo en este órgano de participación en los próximos meses.

Ahora bien, el camino para el "cumplimiento" del Protocolo de Kioto sigue teniendo lagunas importantes. Entre ellas debemos destacar la excesiva participación de los Mecanismos de Flexibilidad (20% del 37% total) para compensar las emisiones de nuestro paí­s, en vez de realizar una reducción doméstica y efectiva de emisiones; la inclusión de la Captura y el Almacenamiento de Carbono entre las medidas para luchar contra el cambio climático se antoja muy inconveniente por lo que supone de perpetuación de un modelo basado en el carbono y por los riesgos reales que esta tecnologí­a insuficientemente desarrollada implica; se deberí­an incluir criterios de sostenibilidad ambiental y social en las actuaciones de cooperación... en definitiva, todas las alegaciones que en su dí­a propuso Ecologistas en Acción.

Asimismo, en la lucha contra el cambio climático es esencial una apuesta decidida por el ahorro energético y no solamente por la eficiencia, como parece derivarse de la mayorí­a de las medidas de esta propuesta.

Los sectores difusos son los que más han aumentado sus emisiones en los últimos años, con el sector del transporte con la mayor contribución a este fenómeno. En consecuencia, se hace imprescindible una ley de movilidad sostenible en la lí­nea de la propuesta por Ecologistas en Acción y otras organizaciones.

Además, a la luz del gran número de edificios construidos en nuestro territorio en los últimos años sin exigencias energéticas, se hace muy necesario un plan que, con carácter retroactivo y extensible al resto de viviendas antiguas, mejore el aislamiento de los mismos y permita avanzar considerablemente en su autonomí­a energética mediante fuentes renovables.

Por último, es evidente que, de la complicidad y participación activa de las Comunidades Autónomas y los Entes locales en la elaboración de Estrategias Autonómicas y polí­ticas locales de lucha contra el cambio climático, dependerá en gran medida el éxito de una Estrategia estatal y, por tanto, de la mitigación y adaptación al mismo. Ni el planeta y ni la sociedad pueden esperar más tiempo a que todos los niveles de la Administración del Estado trabajen conjuntamente para librarnos del mayor problema al que se enfrenta la humanidad.