Las enmiendas del Partido Popular a la Ley Financiera en materia de cuotas participativas suponen el principio del proceso de apropiación de las cajas de ahorros y el cambio de su naturaleza jurí­dica.

La amenaza que se cerní­a sobre las cajas se materializa con las modificaciones que se proponen en materia de cuotas participativas y, sobre todo, por lo que respecta a los derechos de los cuotapartí­cipes.
Se da entrada a los cuotapartí­cipes en los órganos de gobierno de la entidad, reservándoles una proporción de los compromisarios que elijen, de entre ellos, a los consejeros generales de la misma.

Se puede crear un sindicatio de cuotapartí­cipes cuyo Presidente podrá asistir con derecho a voz a las Asambleas Generales. Su regulación legal será la del sindicato de obligacionistas, lo que por analagí­a equipara a las cuotas participativas con las obligaciones convertibles de las sociedades anónimas.

La amortización automática de las cuotas, caso de que se modificara su naturaleza y se las dote de derechos polí­ticos, no impide la realización de una "operación acordeón" que reduzca y amplí­e capital, donde los antiguos cuotapartí­cipes tiene, además, derecho de suscripción preferente.

Asimismo, se impide que cualquier impositor que reuna las condiciones de elegibilidad básicas sea consejero general, si previamente no ha resultado "agraciado" en el sorteo de compromisarios.

Ello es así­ al declararse básico, lo que es constitucionalmente muy discutible, que los representantes de impositores y cuotapartí­cipes se elijan por y de entre los compromisarios seleccionados mediante sorteo.

Esta medida refuerza el control de los grupos de interés dominantes de una entidad y supone un paso atrás muy importante con respecto a la representación democrática, abierta y transparente de la Sociedad Civil y que obligarí­a a modificar leyes coma las de la Comunidad de Madrid.