En una rueda de prensa ofrecida esta mañana, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., Fernando Lezcano, ha amenazado con una huelga general en la enseñanza en otoño contra el anteproyecto de la Ley de Calidad de la Educación, coincidiendo con su periodo de tramitación parlamentaria. El principal de los argumentos alegados por el sindicato es que el anteproyecto supone "un ataque frontal a la enseñanza pública". El objetivo último que, según Fernando Lezcano, pretende el Gobierno con esta ley es "la instrumentalización de los problemas reales del sistema educativo y de paso satisfacer las reivindicaciones sociales de los sectores votantes del PP".

Seis son las razones aducidas por Lezcano para plantear una huelga general contra la futura Ley de Calidad, que propondrá al resto de las organizaciones sindicales del profesorado, Sindicato de Estudiantes y al movimiento asociativo de padres de alumnos. La primera de ellas es el desprecio que la Administración educativa ha dispensado a los marcos institucionales y que, en el caso de la Conferencia sectorial de Educación no dudó en tildar de "grosero", al señalar que en la reunión del pasado dí­a 7 el Ministerio no quiso facilitar a los consejeros de las comunidades autónomas el texto articulado del borrador de la Ley que, sin embargo, presentó públicamente pocos dí­as después.

Fernando Lezcano aludió también al desprecio manifestado por el Ministerio a la Mesa sectorial de Educación, en cuya reunión del 23 de abril los sindicatos plantearon sus reivindicaciones mientras al dí­a siguiente la propia ministra Pilar del Castillo presentaba en rueda de prensa una propuesta de carrera docente, que ya ha incluido en el anteproyecto de Ley de Calidad. El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. considera "inadmisible" que la Administración "provoque las tensiones despreciando los marcos institucionales".

La segunda razón esgrimida por CC.OO. contra el borrador del proyecto es que en éste el Ministerio hace concesiones a los sectores empresariales y eclesiásticos de la enseñanza privada, introduciendo dos elementos que, sin embargo, estaban ausentes en el Documento de Bases de la Ley de Calidad, y que el MECD convierte en pilares básicos del anteproyecto: la financiación del segundo ciclo de la Educación Infantil y la regulación de la enseñanza religiosa al capricho de la Conferencia Episcopal.

A juicio de Lezcano, la propuesta del Ministerio es "revanchista, partidista y está concebida para "los suyos", en lugar de abogar por los cambios en el sistema educativo que permitan un mayor consenso social en torno a la educación y darles más estabilidad y perdurabilidad".

La tercera razón que justifica en estos momentos una convocatoria de huelga general en la enseñanza es que el anteproyecto de la Ley supone "un ataque frontal a la enseñanza pública" que, según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., empieza por la apuesta a favor de la financiación de niveles no obligatorios. Esta medida conllevará la pérdida de matrí­cula en la Educación Infantil en la red pública, la discriminación en los criterios para admitir a los alumnos en los centros y la posibilidad de que los itinerarios educativos no se impartan por igual en todos los centros sino que se regulen en función de la demanda. Todas estas medidas pueden llevar, según Lezcano, a que la red de centros públicos se convierta en subsidiaria de la red de la enseñanza privada concertada.

La cuarta razón alegada por CC.OO. contra la Ley de Calidad es que la propuesta ministerial supone "la pérdida de una oportunidad de oro para motivar al profesorado y revitalizar la función social de la docencia a través de un estatuto para los docentes que apueste por la mejora de sus condiciones laborales". En opinión de Fernando Lezcano, las medidas contempladas a este respecto en el borrador de la Ley "hacen que el profesorado tenga que soportar los cambios previstos".

La quinta razón esgrimida por la Federación de Enseñanza CC.OO. para convocar una huelga en el sector educativo es que el borrador de la Ley de Calidad entraña un "profundo retroceso democrático" en el gobierno de los centros al limitar las competencias de los consejos escolares e introducir medidas por las que los directores escolares "dejarán de ser los representantes de los centros elegidos democráticamente para convertirse en comisarios polí­ticos del Ministerio".

La sexta y última de las razones argumentadas por CC.OO. para proponer un paro general en la enseñanza es que las iniciativas previstas por el Gobierno para promover la calidad "no son más que un profundo retroceso en la concepción de la educación como factor compensador de desigualdades y de cohesión social". En palabras de Fernando Lezano, "se trata de propuestas que sólo condicen a una mayor segregación y exclusión de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, los alumnos con necesidades educativas especiales o los hijos de los inmigrantes".

Lezcano agregó que todas estas medidas no favorecerán en absoluto la reducción del fracaso escolar sino que contribuirán a ocultarlo. Además, dijo que su aplicación entrañará un cambio drástico en la lógica de trabajo que se viene realizando en los centros desde hace doce años y "caerán como un jarro de agua frí­a para aquellos que han optado por ofrecer oportunidades al alumnado".

Ejemplo de ello es el regreso a una concepción puramente asistencial de la Educación Infantil -que dejará de ser impartida por el profesorado adecuado-, la desaparición de los programas de diversificación curricular, la ausencia de compromisos económicos o el establecimiento de planes de cooperación entre las autonomí­as sólo para el estudio de la historia de España, en lo que Fernando Lezcano calificó de un intento de "neoespañolización" de los programas escolares.