El proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, consta de 21 artí­culos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final. 9 de los 21 artí­culos, concretamente del 10 al 18 afectan directamente a la Ley del Suelo vigente al modificar su articulado. Pero además, afectan de forma indirecta a la actividad urbaní­stica los artí­culos 4 (celebración de convenios por el Consejo de Gobierno), el artí­culo 9 (requerimiento de autorización judicial para que los agentes forestales accedan a montes o terrenos forestales de titularidad privada), el artí­culo 19 (declaración de utilidad pública de las obras hidráulicas), el artí­culo 21 declaración de utilidad pública de las obras de soterramiento de las lí­neas eléctricas) y la Disposición derogatoria 1 (eliminación del carácter de policí­a administrativa especial de los agentes forestales).

Las conclusiones del informe realizado por Ecologistas en Acción sobre el articulado del proyecto de Ley son diametralmente opuestas a la información que ha difundido el Gobierno regional. El contenido de la nueva Ley no justifica la urgencia con la que se está tramitando, tampoco incluye ninguna medida de modernización. Sin embargo, se reduce la participación ciudadana porque elimina una de los dos fases de información pública del procedimiento actual de aprobación de planes generales, planes de sectorización y modificaciones puntuales.

Se suprime la obligación de solicitar informes a administraciones públicas que no sean de la Comunidad de Madrid. Eso quiere decir que no se requerirán informes a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Esta medida es contraria al Texto Refundido de la Ley de Aguas. De esta forma el Gobierno Regional pretende liberarse de una Administración que está obstaculizando la aprobación de planeamientos urbaní­sticos que no justifican el suministro de agua a las nuevas poblaciones.

Se consiente la construcción de vivienda en suelo protegido así­ como otras instalaciones. Esta medida servirí­a para legalizar buena parte del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama que actualmente incumple numerosos artí­culos de la Ley del Suelo vigente. También se permite a los Ayuntamientos autorizar instalaciones deportivas en suelo protegido por interés agrí­cola. Esta medida desbloquearí­a los campos de golf que la Comunidad de Madrid quiere construir en la finca pública El Encí­n, en Alcalá de Henares. Hasta ahora, debido a las alegaciones y denuncias presentadas no se ha podido ejecutar este proyecto.

Se reducen las competencias a la Comisión de Urbanismo (órgano colegiado en el que se encuentran representadas toda las fuerzas polí­ticas) para concentrarlas en el Consejo de Gobierno. Esta medida resta transparencia al procedimiento de aprobación definitiva de los planeamientos urbaní­sticos.

La nueva Ley aprovecha para crear otra modalidad de aprobación definitiva de planes urbaní­sticos, lo que se denomina "aprobación condicionada". Esta medida permitirí­a aprobar, por ejemplo, todos los planes que actualmente cuentan con informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Tajo o de cualquier otra administración.

Por otra parte se conceden competencias al Canal de Isabel II sobre obras hidráulicas que actualmente ostenta el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica. Esto permitirí­a a la Comunidad de Madrid construir nuevos embalses en lugares estratégicos como la Sierra Norte donde se proyectan enormes crecimientos urbaní­sticos.

Es muy significativa la medida por la que se pretende declarar de utilidad pública e interés social el enterramiento de las lí­neas eléctricas. Con esta medida serí­a el propietario de la lí­nea eléctrica el que tendrí­a que cargar con los costes de enterramiento de las lí­neas que atraviesan terrenos que se pretenden reclasificar o ya reclasificados. Así­ el promotor urbaní­stico se librarí­a de una millonaria inversión. Hay que tener en cuenta que el enterramiento de 1 Km. de lí­nea de alta tensión cuesta del orden de 300-400 millones de las antiguas pesetas. Esta medida servirí­a para desbloquear el plan general de Brunete (pendiente de aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno). Este plan fue denunciado por Ecologistas en Acción, precisamente porque se habí­a previsto la construcción de sectores residenciales en sectores afectados por lí­neas de alta tensión. En esta ocasión, la medida legal podrí­a ir en contra de la Ley del Sector Eléctrico.

Según Ecologistas en Acción, la mayor parte del nuevo articulado va destinado a eliminar trabas legales a grandes proyectos urbaní­sticos que están denunciados. Estas medidas de desregulación urbaní­stica se ven reforzadas con la supresión de competencias a los Agentes Forestales. El proyecto de Ley elimina el carácter de agente de la autoridad de los Agentes Forestales. De esta forma se reduce drásticamente la capacidad de intervención de este cuerpo en actuaciones irregulares y elimina el carácter probatorio de sus denuncias. Una medida que resulta claramente injustificable y contraria a la Ley de Montes.

Por otro lado y para disfrazar el verdadero contenido de la Ley se incluyen una serie de medidas inconexas y populistas pero de escasa repercusión para mejorar la actividad urbaní­stica en la región. Entre ellas cabe destacar la eliminación de la figura del agente urbanizador, una figura que en Madrid no ha arraigado y por tanto eliminarla no supone problema. Se eliminan los convenios de planeamiento, pero no los de ejecución, con lo que la situación sigue igual. Se reducen a cuatro pisos las alturas de los nuevos edificios, una medida que no afecta a las grandes ciudades y que en las pequeñas poblaciones no se aplica, etc.

Ecologistas en Acción considera muy preocupante la actitud del Gobierno regional que es capaz de aprobar una Ley para legalizar proyectos urbaní­sticos denunciados. Igualmente califica de inadmisible el engaño a la población que supone esta Ley. De llegar a aprobarse la Ley de Medidas Urgentes de Modernización, Ecologistas en Acción, solicitará al Gobierno central que interponga un recurso de inconstitucionalidad e investigue verdaderos intereses que se esconden tras esta Ley.