Los máximos responsables nacionales de polí­ticas ambientales en materia de aguas de WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace y Ecologistas en Acción presentaron la pasada semana ante la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona y ante la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucí­a, Fuensanta Coves, sendas solicitudes para que anulen los permisos dados por ambos organismos para el vertido tóxico de metales pesados al rí­o Guadalquivir, procedentes de la Mina de Las Cruces, a escasos kilómetros de Sevilla.

En concreto, se solicita a la ministra Narbona que anule las concesiones de ocupación de dominio público marí­timo-terrestre que su ministerio concedió a la Mina para las tuberí­as que deben transportar el vertido tóxico desde la Mina en Gerena hasta el Guadalquivir en La Algaba. A la consejera Coves se le solicita que anule la autorización de vertido de metales pesados al Guadalquivir que otorgó su actual viceconsejero Juan Espadas en 2003 y que modifique la Autorización Ambiental Integrada que ratificó esa autorización en 2005.

Los ecologistas advierten a las máximas autoridades ambientales que la Ley de Costas obliga a la empresa Cobre Las Cruces (CLC) a que "En el caso de vertidos contaminantes es necesario que el peticionario justifique previamente la imposibilidad o dificultad de aplicar una solución alternativa para la eliminación o tratamiento de dichos vertidos" y que "Este análisis deberá considerar la posibilidad de reutilización en tierra de las aguas residuales".

Sin embargo, hasta la fecha, CLC no ha presentado ningún documento que demuestre que NO es posible reutilizar TODAS sus aguas residuales en su proceso productivo, incumpliendo por tanto la Ley de Costas.

Además, los ecologistas justifican sobradamente como en la documentación aportada por CLC se han incumplido las legislaciones ambientales estatal y andaluza en materia de evaluación ambiental del vertido, y dudan de que dichos vertidos sean compatibles con la Directiva Marco de Aguas europea, por lo que también han dirigido los escritos al Presidente de la Demarcación de Aguas del Guadalquivir que establece dicha directiva. Igualmente se han entregado los escritos en la primera reunión del Consejo de Participación del Parque Nacional de Doñana y se ha solicitado que se este Consejo se pronuncie al respecto en su próxima convocatoria.

En ambos escritos, los ecologistas recuerdan a Narbona y Coves que desde el pasado 19 de julio de 2006, mediante Decisión de la Comisión Europea, el punto previsto para el vertido tóxico en el Bajo Guadalquivir está catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) con presencia de tipos de hábitats prioritarios con arreglo a la Directiva Habitats, y que para este tipo de LICs, esta directiva europea establece medidas de protección tan estrictas que hacen incompatible la presencia del vertido tóxico inicialmente autorizado. Exigen además a la Junta de Andalucí­a que cumpla de una vez por todas con su obligación de definir legalmente los Objetivos de Calidad de las aguas afectadas directamente por vertidos en dicho LIC, cuya definición está pendiente desde hace 10 años.

En definitiva los ecologistas exigen a Narbona y Coves que, como buen uso de los 53 millones de euros de ayudas públicas que las administraciones estatal y autonómica han concedido a Cobre Las Cruces, éstas no permitan la contaminación con metales pesados del rí­o Guadalquivir y exijan a CLC una polí­tica de VERTIDO CERO, prohibiendo para ello la construcción de las tuberí­as de desagí¼e de ese vertido.

Esta exigencia ecologista está en consonancia con las palabras de la propia ministra Narbona el pasado 18 de junio, cuando durante su visita al Foro Internacional de la Sequí­a en Sevilla, declaró que su departamento y la CHG estarí­an vigilantes para evitar posibles vertidos de la Mina de Las Cruces y que "por supuesto" adoptarán "todas las medidas para evitar que exista un vertido de metales pesados al Guadalquivir".