La propuesta de la fiscal jefe de Sevilla provocó que Rodrí­guez León solicitara su cese tanto como coordinador de Sevilla como de Andalucí­a, sin embargo, la fiscalí­a del Tribunal Superior de Justicia de Andalucí­a ha confirmado en su cargo a Rodrí­guez León como coordinador andaluz, mientras que en Sevilla ha sido efectivamente relevado de su puesto.

Ecologistas en Acción-Sevilla, tras un análisis exhaustivo de la última Memoria de la Red de Fiscales andaluces y en especial de la parte correspondiente a la fiscalí­a de Sevilla ha decidido dirigir un escrito al Fiscal General del Estado y al Ministro de Justicia solicitando que el fiscal Rodrí­guez León continúe también como coordinador de Sevilla.

Este escrito basa su petición en los datos estadí­sticos que se presentan en la Memoria, que muestran un fuerte incremento de las diligencias de investigación iniciadas, a instancias de particulares, de asociaciones, e incluso de oficio, por la Fiscalí­a de Medio Ambiente de Sevilla, en especial contra posibles delitos contra la ordenación del territorio. En la mayorí­a de esos casos se produce paralelamente una actuación delictiva de responsables municipales que hacen dejación deliberada y consciente de su obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad urbaní­stica o que decretan resoluciones directamente en contra de la legalidad, tanto municipal como andaluza.

Ecologistas en Acción considera que este incremento se debe al aumento de confianza que los ciudadanos en general están depositando en la Red de Fiscales medioambientales frente al casi inexistente control administrativo urbaní­stico que los Ayuntamientos y la Junta de Andalucí­a ejercen, dada su frecuente complicidad en los hechos que se denuncian. Esta complicidad hace que los ciudadanos tengan unas posibilidades limitadas de aportar pruebas fehacientes de las irregularidades cometidas por las administraciones y mucho más dificultades para demostrar que esas irregularidades tienen carácter delictivo, por lo que depositan sus esperanzas de justicia en las diligencias de investigación realizadas por la fiscalí­a.

Desde Ecologistas en Acción valoramos especialmente positiva la ní­tida intervención que las distintas fiscalí­as provinciales y el propio fiscal Rodrí­guez León han iniciado en contra de actuaciones urbaní­sticas ilegales que se realizan en base a una futura legalización ví­a modificaciones puntuales "a posteriori" de normas de planeamiento municipal o de nuevos PGOUs. En este sentido se destaca en la Memoria de la Fiscalí­a de Sevilla una reciente sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Sevilla de diciembre de 2006 donde se expone con claridad meridiana como fundamento de derecho que "cuando el legislador introduce en el art. 319.2 (del código penal) la mención de que la edificación ha de ser "no autorizable", no se está refiriendo a que en un futuro, más o menos incierto, pudiera modificarse la legalidad urbaní­stica. Esta interpretación conducirí­a al absurdo, puesto que toda calificación es susceptible de modificación por decisión del legislador o de la administración competente en materia urbaní­stica, por lo que este elemento ha de referirse necesariamente a la ilegalidad de la edificación en el momento en que se realiza".

Es manifiesto que la promoción de actuaciones inmobiliarias en zonas no autorizables es el caldo de cultivo ideal para la generación de habituales tramas de corrupción urbaní­stica, donde los promotores inmobiliarios lanzan a los presentes y futuros habitantes de construcciones ilegales como grupo de presión contra los ayuntamientos, donde los responsables municipales se sitúan en una posición privilegiada para la exigencia de cobro de comisiones ilegales, ya sean para lucro personal, para financiación de su partido polí­tico, o para ambos fines, en base a una futura legalización de las construcciones ilegales, y donde los promotores exigen a los consumidores finales la entrega de dinero negro que finalmente sirve para pagar las comisiones ilegales de los responsables polí­ticos.

Por ello sorprende sobremanera a Ecologistas en Acción que, tras el cese del fiscal Rodrí­guez León, la Fiscalí­a de Sevilla haya archivado las diligencias de investigación por construcciones ilegales en Pruna que este fiscal inició hace 4 meses, considerando ahora que la actuaciones del Ayuntamiento de Pruna al conceder licencias en suelo no urbanizable "condicionadas a la futura aprobación del PGOU, tienen indicios claros de irregularidades administrativas que carecen de entidad suficiente para alcanzar el delito penal" ya que la Fiscalí­a ha tenido en cuenta que la Comisión Provincial de Urbanismo ha autorizado el nuevo PGOU de Pruna que a su vez autoriza esas construcciones.

Estas argumentaciones actuales de la Fiscalí­a de Sevilla chocan frontalmente con la mencionada sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que establece que las irregularidades administrativas se ciñen al ámbito de la realización de obras sin licencia pero autorizables por la legislación urbaní­stica vigente en el momento de la realización de las mismas. Igualmente estas argumentaciones contradicen los argumentos que en su dí­a defendió la Fiscalí­a de Cádiz y que fueron recogidas por otra sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz en octubre de 2006 en el sentido de que "en el momento de dictado de la sentencia el Juzgador debe atender exclusivamente a la legalidad urbaní­stica vigente al momento de cometerse el hecho y no a expectativas de modificación de la normativa".

Teniendo en cuenta además que la aprobación inicial del PGOU de Pruna se ha realizado mediante una interpretación más que forzada de las especificaciones del POTA, Ecologistas en Acción considera que la Fiscalí­a de Sevilla deberí­a, antes de archivar las diligencias de Pruna, extender la investigación a las posibles irregularidades que la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucí­a haya podido cometer en la aprobación inicial del PGOU de Pruna en contra de las especificaciones del POTA.

Ecologistas en Acción quiere además recordar que los recientes resultados electorales favorables a algunos de los alcaldes sevillanos imputados en casos de delitos urbaní­sticos o contra del medio ambiente no constituyen ninguna justificación para archivar, debilitar o ralentizar las diligencias de investigación iniciadas, y recuerdan que los concejales actualmente imputados o encarcelados por el famoso caso Malaya de Marbella fueron elegidos también por amplias mayorí­as.