Cándido y Mórala son dos sindicalistas que han dedicado su vida a trabajar para poder mantener a sus familias. Son unos luchadores que defienden los puestos de trabajo y la dignidad de los trabajadores. Fueron los inspiradores de la pelí­cula "˜Los lunes al sol"™.

Tras las movilizaciones de marzo de 2005 de la Naval de Gijón se acusó a estos trabajadores de dañar una cámara de ví­deo que controlaba el tráfico urbano pidiéndoseles una multa de 5.624 euros, a iniciativa del gobierno municipal, integrado por el PSOE e IU. Sin embargo, las pruebas aportadas eran fotografí­as trucadas, que habitualmente no son aceptadas como pruebas porque es muy fácil su manipulación. También se aportaron declaraciones de policí­as infiltrados entre los manifestantes pero que en ningún caso llegó a declarar que Cándido y Mórala fueran los autores materiales del incidente. Como dato curioso, hasta el dí­a 28 de marzo de 2006, un año después, no se comienza a instruir el proceso judicial a instancias de la Fiscalí­a, que depende directamente del actual gobierno..

Mucho se viene hablando de la Justicia últimamente. Pero a nadie se le escapa que las leyes, además de ser muchas de ellas injustas, son interpretables y que unos mismos hechos pueden calificarse de forma distinta. Lo cierto es que hay muchos empresarios que despiden y explotan a los trabajadores, que contratan en precariedad, que utilizan a los inmigrantes como mano de obrar de usar y luego tirar, que reciben subvenciones fraudulentas de las administraciones, que las estafan y que están libres. Sin embargo, dos trabajadores con más de 50 años de edad, luchadores contra la destrucción de empleo, acusados de algo que no han hecho, son condenados a tres años de cárcel. Estas son las leyes y la aplicación de éstas que se practica en esta democracia al servicio del capitalismo.

La condena de Cándido y Morala, además, constituye una agresión contra el movimiento obrero y sus organizaciones que hay que añadir a la larga lista existente de procesos penales en curso contra sindicalistas, trabajadores y estudiantes. Se trata de una persecución que utiliza las disposiciones legislativas aprobadas contra el terrorismo para criminalizar la discrepancia con el actual estado de cosas.

Con estas detenciones, el Gobierno muestra seguir los mismos pasos que la derecha. Demuestra que quiere criminalizar las acciones reivindicativas de los trabajadores bajo la excusa de que "alteran el orden establecido"; que quiere una sociedad y un régimen polí­tico donde cualquier protesta legí­tima al margen de las instituciones sea considerada un delito.

Por todo ello exigimos la excarcelación de estos sindicalistas y el sobreseimiento del caso.