Ya cuando se llevó a cabo el debate en torno a la nueva ley educativa, esos mismos sectores ligados directa o indirectamente al Partido Popular consiguieron hacer creer a buena parte de la población que la LOE, lejos de ser la ley timorata y favorecedora de la privatización de la enseñanza que en realidad es, era un compendio de radicalismo que iba a impedir la libertad en la educación. En esa misma lí­nea, se lanzan ahora consignas descabelladas en relación al currí­culo de esta asignatura o a la posibilidad de que las familias ejerzan la objeción ante la misma, lo que serí­a a todas luces una ilegalidad flagrante, imposible además de llevar a cabo.

Aunque STES-i no vio clara en su momento la necesidad de incorporar esta asignatura al currí­culo, entre otras cosas por la continuidad de nuestra apuesta por el modelo transversal, nuestra organización considera que el programa que finalmente se impartirá no contiene ningún elemento nocivo o que atente contra la libertad y creencias de nadie, ya que está basado en los principios democráticos y de convivencia, de respeto mutuo y promoción de los derechos fundamentales que hoy son reconocidos en todos los paí­ses de nuestro entorno polí­tico, económico y cultural, y que están plasmados en la Constitución Española y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Igualmente, nuestra opinión es la de que esta asignatura debe ser asignada al profesorado de Filosofí­a y/o de Ciencias Sociales; es un insulto al sentido común plantear que los docentes responsables de estas áreas van a emprender una labor de adoctrinamiento, como si no supieran ejercer su labor o formaran parte de alguna confabulación. No cabe decir lo mismo de la catequización en las aulas que, impuesta a ultranza por la jerarquí­a eclesiástica, impide que ese tiempo que en realidad pertenece a la esfera privada se dedique a otras áreas básicas del currí­culo.

Ante todo esto, cabe recordar una vez más lo erróneo de la estrategia del Gobierno y de algunas organizaciones sindicales que decidieron que las reivindicaciones y necesidades de la escuela pública pasaran a un segundo término, ante la supuesta necesidad de un pacto educativo que, como STES-i señaló desde un principio, era imposible, a no ser que fuera un pacto en defensa de la escuela pública. Ahora, habiéndose incorporado a la LOE numerosas e importantes demandas de la derecha educativa, contemplamos una vez más cómo esos sectores torpedean e intentan desbaratar el normal desarrollo de una ley a la que tanto han contribuido y que tanto les beneficia.