A juicio de nuestro organización, esta condena sienta un precedente graví­simo, sin parangón en los últimos treinta años en nuestro paí­s, ya que se trata de una penalización, supuestamente ejemplificadora, de la actividad sindical ejercida como defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores y de la sociedad en su conjunto, no como mera transmisión de las consignas de grupos polí­ticos e instituciones.

Especialmente lamentable es la circunstancia de que se pretenda desviar la atención hacia estas dos personas, de conocida y apreciable trayectoria en el campo sindical dentro de la CSI asturiana, para tratar de dejar en blanco un proceso tan pésimamente gestionado y tan dramático para la sociedad asturiana como fue el desmantelamiento del sector naval en Xixón, cuyas consecuencias sufrieron y sufren cientos de familias.

No hay ninguna prueba ni testimonio que permita, en primer lugar, desviar las supuestas responsabilidades de lo acaecido en las multitudinarias manifestaciones del año 2004 a dos de las personas que participaron en las mismas, y en segundo término, no cabe atribuir delito alguno bajo el abstracto epí­grafe de movilizaciones, desórdenes y daños en la ví­a pública, como si estos hechos al parecer tan graves se hubieran producido aislados de todo contexto, al margen de la negra realidad ante la que en ese momento reaccionaba buena parte de la sociedad asturiana.

El hecho de que este proceso de criminalización lo haya llevado a cabo un ayuntamiento gobernado por PSOE e IU aumenta si cabe el sonrojo que las personas y colectivos de progreso están sintiendo como propio.

Si se tienen en cuenta las múltiples y diversas movilizaciones que durante estos treinta años se han llevado a cabo en todo el Estado, muchas de ellas con consecuencias considerablemente más graves para el orden público; si se analiza igualmente por qué estos dos compañeros sindicalistas han sido elegidos como cabeza de turco por desarrollar una actividad sindical autónoma, y cómo se están poniendo de manifiesto además operaciones de especulación urbaní­stica no ajenas a estos procesos de desertificación industrial; si se recuerda que las dramáticas consecuencias de estos procesos han sido reflejadas hasta en el cine -"Los lunes al sol"- y que la defensa de Cándido y Morala ha trascendido ya el ámbito estatal, siendo objeto de un llamamiento en la asamblea preparatoria del Foro Social Europeo,

no cabe ya ninguna excusa ni argumento para mantener las acusaciones a Cándido y a Morala, que ingresarí­an en prisión para ocultar la mala gestión y mala conciencia institucional ante los procesos de desmantelamiento industrial en la sociedad asturiana. Habida cuenta de que el único recurso al que cabe ya apelar es al de la petición de indulto, la Confederación de STES-i lo hará, absolutamente consciente de la plena inocencia de estos dos compañeros y de la necesidad de detener este nefasto proceso que puede convertirse, de no ser enmendado, en el inicio de una reacción contra las trabajadoras y trabajadores y los intereses públicos en su conjunto.