Las dos calificaciones negativas otorgadas son:

Bandera Negra: Impactos de mayor gravedad (vertidos contaminantes y/o agresiones urbaní­sticas).

Punto Negro: Impactos significativos, pero de menor gravedad.

Los objetivos de "Banderas Negras" son:

Dar una información rigurosa a los gaditanos, y a todos los usuarios de las playas, del estado ecológico en que se encuentran éstas.

Requerir a ayuntamientos, resto de las administraciones y a empresas, para que contribuyan al saneamiento de las playas y pongan fin a la degradación ambiental del litoral.

La campaña es el resultado del trabajo voluntario de diversas personas, 8 grupos locales de Ecologistas en Acción de Cádiz (Sanlúcar, Rota, El Puerto, Cádiz, San Fernando, Chiclana , Barbate y Campo de Gibraltar) y el grupo ecologista CANS de Chipiona. Otra de las bases de la campaña es la información suministrada por la Consejerí­a de Medio Ambiente sobre el funcionamiento y la analí­tica de las estaciones depuradoras de aguas residuales que vierten al litoral.

Banderas Negras pretende hacer una evaluación ambiental integral del litoral. Evaluamos los impactos producidos por la contaminación y por la urbanización. En el primer caso se tienen en cuenta la existencia de vertidos, el funcionamiento de las depuradoras y la calidad de las aguas de los rí­os que desembocan en el mar. En el segundo, el respeto a la normativa legal: Ley de Costas ( Dominio Público Marí­timo Terrestre y Zona de Servidumbre) y el impacto sobre los ecosistemas naturales y sobre los recursos, sobre todo: agua, suelo y paisaje. A veces el impacto puede ser grande aunque se haga cumpliendo la legislación urbaní­stica ( ej. El Ancla y la Inmaculada: bandera nº 2).

En sí­ntesis banderas negras pretende responder con rigor a la pregunta ¿En qué medida se está practicando un desarrollo sostenible en el litoral?.

Nuestra campaña surgió en el año 1999 por oposición a la de banderas azules, campaña organizada por la Federación para la Educación Ambiental en Europa (FEEE). Un año más denunciamos el fraude que suponen estas banderas cuya concesión responde sobre todo a la presión de las grandes empresas turí­sticas y no a criterios ambientales. Se sigue concediendo bandera azul a La Barrosa, ejemplo de urbanización salvaje, degradación natural e incumplimiento de la legislación urbaní­stica (ver bandera nº 4), a la playa de El Ancla y la Inmaculada (El Puerto de Santa Marí­a) en la que se ha arrasado la "Arboleda Perdida" de Alberti y a Chipiona que vierte sin depurar las aguas residuales de más de 60.000 personas en verano (bandera nº 1). Se conceden banderas azules incluso a 6 puertos deportivos en la provincia. La acumulación de fraudes y denuncias en su obtención provocó en febrero de 1999 que la Comisión Europea retirase el apoyo económico a la "Federación para la Educación Ambiental en Europa (FEEE) y se desmarcase desde entonces de la campaña de banderas azules.

Tampoco la certificación medioambiental ISO 14.001 cuenta con el exigible rigor, cuando entre las 52 playas andaluzas con este distintivo se encuentran tres de Rota (urbanismo no sostenible) y la de La Victoria (Cádiz) con fortí­sima contaminación lumí­nica y una intensiva ocupación humana.

La creación de la Agencia Andaluza del Agua y la transferencia de las competencias de los rí­os Guadalete y Barbate a la Consejerí­a de Medio Ambiente, no han significado avances perceptibles en la mejora de la calidad de ambos rí­os: el primero con un Plan de Recuperación parado ( un estudio de la Universidad de Huelva señala al Guadalete como uno de los rí­os con peor calidad de agua en Andalucí­a) y el segundo sin saneamiento de sus aguas. Tampoco el "abrazo" por parte de la Junta de Andalucí­a de la Nueva Cultura del Agua ha superado el nivel de las declaraciones; la Directiva Marco de Aguas no se cumple hasta la fecha en todo lo relativo a la mejora y protección de las aguas de transición: el estuario del rí­o Barbate (Parque Natural) arrastra toda la contaminación de la cuenca hidrográfica, en la que vertidos urbanos sin depurar, fertilizantes y pesticidas degradan sus aguas.

Aunque desconocemos el alcance y el texto final de la futura Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua y medidas de fiscalidad del Agua, es un hecho positivo la creación de un impuesto del agua, que gravará el impacto ambiental que el uso del agua produce. De esta forma, se podrán aplicar los principios de la Directiva Marco de Aguas: responsabilidad medioambiental, recuperación del buen estado ecológico de las aguas y recuperación de costes. También la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, a punto de aprobarse, intenta garantizar la calidad del medio hí­drico; con que sirviera para que la Administración llevara a cabo un control riguroso de las autorizaciones de vertido y exigiera las mejores técnicas disponibles para reducir la contaminación, habrí­a merecido la pena.

Después de casi una década de desmadre inmobiliario y tras el escándalo de Marbella, por fin se empieza a plantear un cierto debate social en torno a la ordenación del territorio y al modelo urbaní­stico. Se extiende la idea de que el hasta ahora vigente modelo del "todo urbanizable y todo especulable" es contrario al interés social, por estar destruyendo recursos naturales esenciales, por la corrupción que propicia y por el encareciendo abusivo de la vivienda.

Fruto de ello son dos nuevas normas que pueden contribuir a acabar con "el periodo del ladrillo": El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucí­a (POTA) y la nueva Ley del Suelo.

El POTA, aprobado en octubre de 2006, limita el crecimiento urbano (durante un periodo de 8 años) a menos del 40% del suelo urbano y del 30% de la población existente en cualquier municipio. Junto a lo anterior incluye objetivos, normas y directrices que pueden propiciar un cambio sustancial en los modelos insostenibles que está propiciando la especulación urbaní­stica, al defender el modelo de ciudad mediterránea compacta frente a la proliferación de urbanizaciones desgajadas de los pueblos y ciudades tradicionales, separar los campos de golf de los desarrollos inmobiliarios, incluir estudios de la capacidad de carga del territorio o exigir balances ecológicos en las previsiones de los planes de ordenación urbana.

La nueva ley del Suelo, que entrará en vigor en el mes de julio, obliga a que los instrumentos de ordenación justifiquen la necesidad de transformar el suelo rural a urbanizado. El suelo que no sea necesario deberá ser preservado de la urbanización. Marca nuevos criterios de valoración del suelo en base a sus usos actuales ( y no a los precios pagados o a los de venta de fincas colindantes); la obligación de someter a evaluación ambiental los planes urbaní­sticos y de ordenación del territorio, y a procedimiento más transparentes y participativos. Impide la reducción de la superficie de los espacios protegidos y de los espacios incluidos en la red Natura 2000.

Reivindicamos el cumplimento estricto de estas normas para que el urbanismo recobre la finalidad social y la subordinación al interés general.

En lo que se refiere a la provincia de Cádiz, el crecimiento continuo de la urbanización sigue siendo la mayor amenaza para el litoral. Como novedad positiva reseñamos que la primera aplicación del POTA va a evitar la construcción de 700 viviendas en las marismas de Trebujena. En los núcleos calificados con banderas negras (El Ancla y la Inmaculada, La Barrosa- Novo Sancti Petri, Roche, El Palmar, Atalanterra y Caños de Meca), continúa la urbanización. Sigue creciendo el gigantesco núcleo de la Ballena y el nuevo Plan General Municipal de Ordenación de Tarifa pretende construir todo lo que queda fuera de los espacios protegidos. Aparece un nuevo lunar de ladrillo en una zona de gran valor natural en Tarifa (punto negro nº 17).

Se mantienen 2 graves amenazas: la construcción aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo en terrenos no urbanizables de 2 hoteles en el Tómbolo de Trafalgar, espacio protegido de la Red Natura (que calificamos como bandera negra, incluida dentro de Caños de Meca) y el sepultamiento en hormigón de la playa Micaela, en Chipiona. para ampliar un puerto deportivo.

También vemos con preocupación los 11 nuevos proyectos de puertos deportivos o ampliaciones que Obras Públicas proyecta en la provincia de Cádiz (2.334 nuevos amarres), porque agravarán la contaminación y la cementación de la costa.

El panorama de los vertidos ha cambiado poco. Desde el 1 de enero del 2006 los municipios con más de 1500 habitantes tienen obligación legal de depurar sus aguas residuales ( desde el 1 de enero de 2001, los de más de 15.000 habitantes-equivalentes tení­an la misma obligación "“por una directiva europea ¡de 1991!).

No obstante, 4 municipios siguen vertiendo, sin ningún tipo de depuración, 18 millones de metros cúbicos anuales ( el 29 % del agua vertida al mar) : Chipiona, Vejer, Tarifa y Algeciras: 180.000 personas censadas (y un número muy superior durante los meses de verano) que representan el 27 % de la población del litoral. Destaca Algeciras que, con más de 100.000 habitantes, sigue vertiendo todas sus aguas residuales a la Bahí­a con total impunidad, a pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente adjudicó el proyecto de depuradora ¡hace 5 años!.

Todos los municipios litorales de Cádiz, salvo Rota, Chiclana y parcialmente Conil, vierten sus aguas residuales contaminadas al mar, bien porque no cuentan con estaciones depuradoras o bien porque superan con creces los lí­mites de vertido legales. Se trata de un incumplimiento legal y un despilfarro inversor totalmente inaceptables.

La peor situación está en la Bahí­a de Algeciras, con 10 puntos de vertidos industriales y urbanos, más los frecuentemente producidos por el intenso tráfico de barcos (unos 400 buques cruzan el Estrecho cada dí­a) y los fondeados permanentemente al amparo de Gibraltar. Damos una nueva bandera (nº 13) a la playa del Chinarral contaminada por el vertido de 70 Tn de fuel de un barco encallado el pasado diciembre.

Un informe de la asociación cientí­fica Oceana, elaborado a partir de datos oficiales de la Unión Europea, indica que, solo en las instalaciones del Puerto de Algeciras, se vierten anualmente 773.000 toneladas de hidrocarburos pesados debido a malas prácticas o a usos ilegales. Por otro lado, cada año existe un trasiego de unos 5 millones de toneladas de combustible de un barco a otro (bunkering), con severas repercusiones en forma de derrames continuos. El "accidente" del buque Sª Nava en cualquier momento se puede repetir, con consecuencias ambientales mucho peores.

Los demás municipios (salvo Rota, Chiclana y la Barrosa) realizan una depuración primaria y secundaria o solo primaria (Barbate y La lí­nea) precarias, que no garantizan la reutilización del efluente; para lograr la reutilización de las aguas residuales es necesario llegar a un tratamiento terciario. Este deberí­a ser el objetivo a conseguir en todos los municipios litorales.

El total de vertidos es de unos 62 hectómetros cúbicos, de los que se reutiliza solo el 4 % (Rota y Chiclana). El 96 % de los vertidos van al mar sin reutilizarse (59 hectómetros cúbicos). Este volumen se aproxima al volumen del trasvase Guadiaro-Majaceite y a un 27 % del consumo de los regadí­os de la provincia de Cádiz.

A partir de estas consideraciones, hemos decidido conceder 3 menciones positivas a actuaciones que suponen una mejora ambiental, 15 Banderas Negras (1 más que el año anterior) y 22 Puntos Negros (1 más que en el 2006).

Actuaciones que suponen una mejora tangible en la calidad ambiental del litoral:

1º El dictamen definitivo de la Consejerí­a de Obras Públicas rechazando el proyecto de construcción de 700 viviendas ( 1 millón de metros cuadrados) en las marismas de Trebujena por tratarse de un núcleo desgajado del casco urbano ( aplicación del POTA) y por apreciar riesgo de inundación (informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).

2º La salvación del Pinar del Hierro (Chiclana) debido a una sentencia firme del TSJA que obliga a la restauración de las 23 ha destruidas y la admisión por parte de la fiscalí­a provincial de 2 denuncias de la plataforma en defensa del Pinar del Hierro, por daños a la flora y fauna protegidas ( ver bandera nº 4).

3º Ampliación de la zona de servidumbre de protección a 200 metros en la playa de Castilnovo (municipio de Conil), uno de los escasos lugares libres de construcción del litoral gaditano. No obstante, lamentamos la decisión de la Consejerí­a de Medio Ambiente de renunciar a la compra de estos terrenos, sobre los que se cierne la amenaza de urbanización.

4º La compra de 3 salinas en el municipio de Puerto Real (Esperanza Grande, Esperanza Chica y San José, de 34 Ha de extensión ) por parte de la Dirección General de Costas (MMA).

BANDERAS NEGRAS:

15 Banderas Negras, una más que el año pasado, que corresponde a la playa del Chinarral y Punta de San Garcí­a( ubicada en la Ensenada de Getares, en Algeciras) por el vertido de 70 Tn de fuel procedentes del buque Sierra Nava que encalló en diciembre de 2006

PUNTOS NEGROS:

22 Puntos Negros, 1 más que el año anterior que corresponde a la playa de los Alemanes en el municipio de Tarifa, por la construcción de una urbanización que está destruyendo un bosque de acebuches, sabinas y enebros.

1.- Playas de Bajo de Guí­a y San Salvador, en Sanlúcar de Barrameda.

Por verter aguas residuales al arroyo del Salto del Grillo que llegan hasta la playa. Además, la Colonia Agrí­cola de Monte Algaida no tiene ningún tipo de depuración y las aguas fecales van al acuí­fero costero (en el Parque Natural de Doñana).

2.- Playas de La Calzada y Las Piletas, en Sanlúcar de Barrameda.

Por verter aguas fecales a través del Arroyo de San Juan y los aliviaderos (en época de lluvias) que desembocan en la playa, como evidencian las arenas negras y las algas bioindicadoras de contaminación. Denunciado judicialmente en el año 1999. Por el despilfarro energético y la contaminación lumí­nica que suponen los 30 focos de 3.000 W cada uno.

3.- Playa de Montijo, en Chipiona.

Por haberse cortado por unos particulares, el acceso principal a esta playa, contradiciendo lo establecido por la Ley de Costas y no haber actuado aún la Administración diligentemente. Ocupación así­ mismo, por vallado de hasta la servidumbre de tránsito, que invalida las actuaciones realizadas por Costas, recientemente, para bajar a la playa. Peligro inminente de urbanización en parcela dentro de la servidumbre de protección (100 m). Reclamamos la adquisición por parte de la Administración y aplicando la nueva Ley del Suelo de la finca particular que dificulta actualmente con dichas actuaciones el disfrute de esta pequeña cala, entre Sanlúcar y Chipiona, y muy utilizada por los vecinos de la Jara.

Propuestas

La oleada de cemento que invade el litoral, unida a la especulación salvaje y el enriquecimiento ilí­cito, representan una de las mayores amenazas para nuestro castigado litoral. Cada nuevo complejo hotelero, campo de golf y urbanización, agota un pedazo más de un litoral acosado y mermado, generando plusvalí­as especulativas, degradación ambiental y caos en los equipamientos y servicios. Para detener el creciente deterioro del litoral gaditano, evitar la degradación de los recursos no renovables: playas y paisaje, y garantizar un desarrollo sostenible en nuestros municipios costeros, PROPONEMOS UNA MORATORIA A TODA INTERVENCIÓN URBANÍSTICA EN EL PRIMER KILÓMETRO DE COSTA, hasta que no se defina una Estrategia Integral de Protección, Conservación y Gestión del litoral andaluz, entendiendo que el territorio es un bien no renovable, esencial y limitado, como certeramente afirma la "Nueva Cultura del Territorio".

Proponemos el aumento de la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marí­timo Terrestre de los 100 metros mí­nimos que prescribe la ley a los 500 metros, para blindar el frente litoral contra las presiones especulativas.

Es imprescindible un plan de prevención de la contaminación del litoral, que elimine cualquier vertido contaminante, tanto desde tierra como desde el mar, con indicadores precisos y evaluables de la calidad ambiental. Hay que establecer un nuevo inventario de contaminantes marinos. La Directiva Marco de Aguas debe aplicarse con rigor, sobre todo los principios de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma. Los objetivos de recuperar y mejorar la calidad ambiental del litoral son irrenunciables y deben garantizarse aplicando la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Ecologistas en Acción considera necesario incorporar a los análisis microbiológicos y fí­sico-quí­micos que establece el control sanitario oficial de las aguas de baño (Real Decreto 734/1988), analí­tica para evaluar la presencia de metales pesados como arsénico, zinc, cromo, ní­quel y plomo, ampliando los puntos de toma de muestras y la periodicidad de éstas. Los informes del Programa de Vigilancia Sanitaria de la Calidad de Aguas de Baño de la Consejerí­a de Salud son claramente insuficientes y arrojan pocas garantí­as.

Es necesario que se persigan sin contemplaciones a los "usuarios" de quads y motos náuticas que no cumplen con la legalidad, representan un factor de peligro para los que disfrutan de la playa y rompen con el ruido y la contaminación el preciado descanso.

Debe mejorar el acceso a la información medioambiental sobre el estado de las playas y el funcionamiento de las depuradoras. Esta información deberí­a estar actualizada y disponible libremente en Internet, una vez que está en vigor desde hace un año la Ley 27/06 (Aarhus), que garantiza el libre acceso a la información medioambiental.

No podemos dejar de hacer un llamamiento a los mandatarios y a los usuarios del litoral para que tengan en cuenta las amenazas que el Cambio Climático arroja sobre la franja costera. El último Informe de Evaluación del IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático) nos advierte de que el nivel del mar subirá entre 18 a 59 centí­metros a lo largo de este siglo, tanto por fusión de los hielos como por dilatación del agua del mar. Cada centí­metro de aumento en el nivel del mar arrastra una regresión de la lí­nea de costa de aproximadamente un metro; por tanto, nuestras costas pueden sufrir un retroceso de más de 20 metros si no reducimos las emisiones de CO2, ahorramos y usamos energí­as renovables.

Por último, hacemos un llamamiento a los usuarios de las playas para que colaboren en su limpieza, llevando las basuras a los contenedores más próximos, no enterrando los cigarrillos en la arena, prescindiendo de los vehí­culos con motor en la playa (sobre todo las motos de 4 ruedas), evitando las motos náuticas en las zonas de baño, y reduciendo la contaminación acústica.

Confiemos en que estas "distinciones" de Banderas Negras y Puntos Negros se truequen en verdaderas Banderas Azules de aguas y arenas limpias y de un litoral ecológicamente saludable y libre de las agresiones urbaní­sticas para el año próximo.