Según Naciones Unidas, España es el paí­s más árido de Europa. Un tercio de su superficie sufre una tasa muy elevada de desertificación y un 6% ya se ha degradado de forma irreversible. Las zonas más afectadas hasta ahora son la vertiente mediterránea y las islas Canarias.

La desertificación es un proceso de degradación de tierras por efecto directo de la acción humana. Las principales causas de este proceso son la sobre explotación de los recursos hí­dricos, la agricultura intensiva, la tala indiscriminada de bosques, el sobre pastoreo, los incendios y la ocupación del suelo por el negocio inmobiliario.

Los ecologistas denuncian hoy que el PEAG fomentará un incremento significativo de la desertificación en la mayor área de humedales del centro de la pení­nsula, unos ecosistemas imprescindibles para el equilibrio del clima y la conservación de los cada vez más escasos recursos hí­dricos y la biodiversidad que albergan.

Para las organizaciones ecologistas, el PEAG no sólo no corregirá el desastre ecológico de sobreexplotación y de falta de gestión hí­drica, sino que promoverá un proyecto medioambiental ineficaz con la excusa de recuperar las Tablas de Daimiel y otros humedales de la zona. Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena piden la profunda rectificación modelo de consumo de agua del PEAG y exponen alternativas para la elaboración de un nuevo plan para la recuperación hí­drica de la zona, entre otras razones, porque:

– Otorga a Castilla-La Mancha más de 3.900 millones de euros, el presupuesto más alto que se ha dado jamás a un proyecto "ambiental". Sin embargo, el dinero, en su mayor cuantí­a, no se utilizará en la recuperación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel ni del resto de humedales, sino en mantener una agricultura insostenible y la sobreexplotación ilegal del agua de los acuí­feros disfrazado en forma de "reconversión agrí­cola". Las ONG ambientales proponen que la mayor parte del presupuesto se dirija a reconvertir el regadí­o y sus servicios hacia otro tipo de desarrollo económico, industrial y social, y a la recuperación del patrimonio natural.

– No cumple la Directiva Marco del Agua (DMA) y consolida el alarmante déficit de los acuí­feros sobre explotados. Por exigencia de Castilla-La Mancha, el PEAG mantendrá una extracción legal de 200 Hm3/año en el acuí­fero 23 (según el PEAG, actualmente se consumen hasta 400 Hm3/año por las extracciones ilegales). Pero este volumen no reduce la sobreexplotación, pues es el mismo que ya exige en la actualidad la Confederación Hidrográfica del Guadiana a los regantes legales en su Régimen anual de explotación. Esta falta de compromiso real y de falta de transparencia en la toma de decisiones para cambiar la situación llevará a que no se cumplan las obligaciones que exige la DMA ni en su segunda prórroga de 2027. Conseguir la recuperación mediante el PEAG nos llevarí­a en el mejor de los casos hasta 2042. Por ello, se deberí­a realizar un esfuerzo conjunto de todas las partes implicadas, y la Junta y los regantes tendrí­an que bajar de 130 Hm3/año su pretensión de consumo si se quieren cumplir realmente los objetivos pretendidos en el Plan.

– Subvenciona la consolidación de usos ilegales del agua en el Guadiana. El Plan prevé comprar derechos de riego a los que los poseen legalmente. Pero al incluir al mismo tiempo la exigencia de Castilla-La Mancha de mantener la misma superficie de regadí­o, implicará que se siga usando la misma cantidad de agua que hasta ahora y en buena parte por los regantes ilegales, que no serán eliminados por el proceso de compra. Para las ONG, el Ministerio de Medio Ambiente deberí­a prioritariamente comprar derechos sin admitir la superficie regada que reconoce Castilla-La Mancha y que ha fomentado con su polí­tica agraria ( i.e. viñedo en espaldera).

– Es una amnistí­a de facto para los pozos ilegales. Las medidas del PEAG para la sanción de los regantes ilegales no son creí­bles pues son similares a las actuales. La Confederación Hidrográfica del Guadiana no realiza ningún tipo de medida eficaz contra los 60.000 pozos ilegales. Si la Confederación admite que los 2.000 expedientes que ha abierto están paralizados y que sólo han cerrado 6 pozos en el último año, ¿Dónde está el resto?. Las ONG solicitan que el Gobierno incremente los mecanismos de sanción, pero ello pasa porque La Junta cree un entorno socioeconómico propicio activando de inmediato las alternativas de reconversión.

– Encubre y paga un nuevo trasvase desde el Acueducto Tajo-Segura (ATS) a la Llanura Manchega que afectarí­a negativamente a las provincias de Toledo y Guadalajara, a Extremadura y Portugal. Con la pérdida de caudal empeorará la sequí­a en el alto Tajo y secará el cauce en La Sagra y Talavera. También, aumentará la contaminación del agua de los embalses que ya están bastante eutrofizados aguas abajo de Toledo. Las ONG consideran que no puede justificarse el aumento de la oferta de agua a la zona, pues el trasvase reactivará el consumo de agua.

– Provocará una contaminación irreversible de las aguas subterráneas. El PEAG no introduce medidas que ayuden a disminuir el vertido continuado de nitratos, fosfatos y pesticidas procedentes de las aguas de retorno de la agricultura intensiva, que está contaminando los acuí­feros. (nuestras reservas estratégicas de agua). Los acuí­feros 23 y 24 están seriamente afectados y los niveles de nitratos ya superan en algunos puntos los 50mg/l, el lí­mite establecido por la legislación (Directiva 91/676, Real Decreto 261/96).

– No reducirá suficientemente el consumo de agua. Los regadí­os de la zona de los acuí­feros sobre explotados del Alto Guadiana son en estos momentos los mayores consumidores de agua de España en proporción a sus recursos, pues utilizan más del 93% del agua disponible.

– No tiene en cuenta suficientemente los efectos del cambio climático. En la cabecera del Tajo las aportaciones medias naturales se han reducido desde finales de los años setenta a la actualidad en un 50,16%. La situación en el Alto Guadiana es similar.

– Castilla-La Mancha quiere usar el PEAG con fines polí­ticos para reivindicar el agua del Acueducto Tajo-Segura y dar un paso adelante hacia la declaración de su caducidad. El PEAG esconde la pretensión del Gobierno de Castilla-La Mancha de que el Alto Guadiana sea considerada una cuenca con déficit hí­drico en 2008. De conseguir esta clasificación podrí­a utilizarse como argumento para restar derechos del trasvase a Murcia.

Notas para el editor:

La sobreexplotación de los acuí­feros 23 y 24 ha provocado ya la desaparición del 60,38% de la Mancha Húmeda. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel mantiene en estos momentos y después de las intensas lluvias de esta primavera 26 ha inundadas, todas ellas artificialmente gracias a los bombeos desde pozos profundos. El PEAG serí­a la sentencia definitiva para la desaparición de este último reducto de la biodiversidad manchega: En definitiva, un paso irreversible hacia la desertificación