La Cumbre del G8 tendrá lugar entre el 6 y el 8 de junio en Heiligendamm (Alemania) bajo el lema "Crecimiento y Responsabilidad". Un año más, los lí­deres de los 8 paí­ses más poderosos del mundo se reúnen para debatir y decidir sobre cuestiones de economí­a y polí­tica global que nos afectan a todos y todas. Este año la agenda, fijada por la presidencia alemana, girará alrededor de cuatro grandes temas: inversión y crecimiento económico, propiedad intelectual, crisis energética y cambio climático, y África.

La campaña ¿Quién debe a quién? denuncia una vez más la falta de democracia de una para-institución como el G8, así­ como la hipocresí­a e incoherencia de sus propuestas.

Para la campaña se hace evidente cuál es el principal objetivo del G8: asegurar el crecimiento de las economí­as más industrializadas. Cuando el G8 habla de resolver los "desequilibrios económicos globales", no hace referencia a las desigualdades Norte-Sur ni al agotamiento de los ecosistemas, sino a temas como el déficit por cuenta corriente en los Estados Unidos, al "deficiente" crecimiento en la UE o a la creciente acumulación de divisas en Asia.

En lo que se refiere al continente africano, sorprende que lo único que se plantee sea ir hacia una mayor "gobernanza" mediante el incremento de la Inversión Extranjera Directa (IED). Es necesario recordar que las inversiones de las transnacionales en el continente africano, a pesar de hacer crecer el PIB en los respectivos paí­ses, no han generado un incremento del bienestar social, sino que lo que han conseguido aumentar son cuentas de beneficios de dichas empresas.

Actualmente la UE está imponiendo a 76 paí­ses del África, el Caribe y el Pací­fico (ACP), de los cuales hay 39 que son paí­ses altamente empobrecidos, unos Acuerdos de Asociación Económica. La Comisión Europea está presionando para que esos acuerdos comerciales entrañen la liberalización de las inversiones, el comercio de servicios y la contratación pública, al igual que compromisos claros con respecto a la polí­tica de competencia y los derechos de propiedad intelectual. Muchos paí­ses afectados han manifestado que no están dispuestos a suscribir tales acuerdos. Sin embargo, la UE está amenazando con recortarles la ayuda, si no suscriben esos acuerdos antes de fin de año.

El G8 no sólo no acierta con sus medidas de polí­tica económica, sin que además ha incumplido sistemáticamente las promesas hechas en materia de ayuda y alivio de la deuda. En la cumbre de 2005, en Gleneagles, el G8 se comprometió a duplicar la ayuda a África para 2010. Dos años después no se ha hecho ni siquiera un plan para cumplir esta promesa, y la ayuda a África, excluidas las operaciones de cancelación de deuda, aumentó apenas un 2%. Y esto teniendo en cuenta que del dinero que hablamos es pasar de 25.000 millones de dólares a 50.000, menos del 0\’1% de los ingresos de los paí­ses del G8, una minucia teniendo en cuenta que las bonificaciones pagadas por Wall Street en la Navidad de 2006 ascendieron a 24.000 millones de dólares o que en la guerra de Iraq se gastan más de 100.000 millones de dólares anuales.

Los paí­ses africanos pagan tres veces más en el servicio de la deuda que en salud o educación. De este modo no es creible la preocupación del G8 por el SIDA si mantiene a estos paí­ses en un endeudamiento muchas veces ilegí­timo que impide destinar más recursos a salud, y si promueve la protección de la propiedad intelectual que impide a la mayorí­a de los enfermos el acceso a los medicamentos.

¿Quién debe a quién? considera que el crecimiento económico no es compatible con la sostenibilidad. No podemos evitar el calentamiento de la atmósfera si seguimos saqueando recursos y destruyendo espacios naturales. Además, el comercio internacional es una de las mayores causas del cambio climático debido al transporte que implica. Por lo tanto las polí­ticas del G8 contra el cambio climático son papel mojado.

Por todo ello la Campaña "¿Quién debe a quién?" se moviliza ante la cumbre del G8 y exige:

Que el G8 reconozca el nulo sentido democrático de su existencia y desaparezca.

Que se reconozca la deuda ecológica que todos los Estados enriquecidos y sus empresas multinacionales tienen con los paí­ses empobrecidos. Así­, se debe reducir por lo menos en un 70% el consumo energético y la emisión de los gases de efecto invernadero, así­ como compensar a los paí­ses afectados por los daños ocasionados.

Que la deuda externa de los paí­ses del Sur sea auditada y sur deudas ilegí­timas canceladas.
Que se devuelva a las comunidades locales el control sobre sus territorios, recursos naturales y espacios ambientales. La soberaní­a alimentaria de toda la humanidad ha de ser un derecho reconocido y respetado por Estados, empresas y organismos internacionales.

El pleno derecho de los y las migrantes a la ciudadaní­a, a una vida digna en los paí­ses de acogida y el respeto a todos sus derechos sociales, laborales y polí­ticos, y el cese de las deportaciones.

Polí­ticas efectivas para la prohibición del comercio armamentí­stico, así­ como la reducción radical del gasto militar.

Que se promuevan más y mejores iniciativas y ayudas para mitigar y prevenir los efectos del cambio climático: apoyar con firmeza las energí­as renovables (eólica y solar básicamente); fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética; promover los medios de transporte no motorizados; el cierre progresivo de las centrales nucleares; y realizar campañas de sensibilización ciudadana.