Por su parte, la Federación de Servicios de la Administración Pública de CC.OO. denuncia que la Dirección de la ONCE cierra centros y desmantela servicios, entre otros el Colegio de Alicante, y en paralelo, obliga a los cuidadores-educadores de Madrid, al margen de sus obligaciones contractuales, a acompañar los fines de semana a los niños de Alicante, que se quedaron sin colegio de la ONCE en sus lugares de residencia.

Contra esta imposición, CC.OO. formuló demanda, resolviéndose en sede judicial mediante conciliación la anulación de esta decisión, contraria a las obligaciones contractuales y al convenio colectivo. Sin embargo, la Dirección de la ONCE no ha rectificado la decisión arbitraria e injusta de despedir a la cuidadora-educadora del Colegio de Madrid, que contaba con un contrato a tiempo parcial compatibilizándolo con otro trabajo fuera de la ONCE. Al pretender la Dirección imponerle traslados a Alicante, que desbordaban su propia jornada de trabajo y colisionaban con sus otras obligaciones laborales y también familiares, comunicó por escrito su imposibilidad de atender tal orden de viaje y la Dirección reaccionó, probablemente para que cundiera el pánico entre sus compañeros, mediante su despido. El dí­a 10 de mayo se produjo el preceptivo acto de conciliación y la ONCE no compareció. Ahora será el Juzgado de lo Social quien ante la demanda de la trabajadora entenderá del asunto. El sindicato está seguro de que la sentencia será favorable, considerándose el despido improcedente, pero la trabajadora se quedará en la calle porque con unos pocos de euros, la ONCE saldará su ví­nculo laboral.

CC.OO. exige a la Dirección de la ONCE readmita a la trabajadora y preserve la finalidad social que le viene encomendada, demandando también que no utilice de forma arbitraria e injusta el régimen disciplinario, despidiendo a trabajadores por un puñado de euros, cual si del más insensible empresario privado se tratara. La ONCE recibe cuantiosas subvenciones por contratación a minusválidos y otras, siendo las primeras claramente incompatibles con la facultad empresarial de despedir de forma improcedente.