Se trata de una operación de fuerte calado polí­tico que pretende ignorar la legalidad vigente, la Ley Orgánica de Educación aprobada el año pasado, contra la que la Comunidad de Madrid viene demostrando veleidades que, siendo legí­timas en algunos casos, son injustificables en otros como el citado.

La Consejerí­a de Educación de Madrid pretende "dejar incrustados en el sistema" un conjunto de directores en cuya selección se produjeron "peripecias" que fueron fuertemente contestadas por indicios de partidismo. Estamos ante un hecho que se enmarca en un ambiente de caciquismo autoritario, de falta de respeto a la legalidad, de actuaciones atrabiliarias, que el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM) viene denunciando.

La Comunidad de Madrid no tiene ninguna base legal para hacer lo que pretende; debe, por tanto, retirar la resolución del Director General de Recurso Humanos de Educación de 19 de febrero de 2007 (BOCM de 7 de marzo).

Invitamos a los ciudadanos, profesores, padres de alumnos, sindicatos, fuerzas polí­ticas y sociales a oponerse a esta iniciativa, insólita en un estado de derecho.

El Gobierno , el Ministerio de Educación, los promotores de la ley vigente ¿no tienen nada que decir?