Huyendo de la polémica, el Gobierno regional ha situado la prueba de 6º de Primaria inmediatamente después de las elecciones autonómicas y municipales, lo que pone de manifiesto dos cosas: que da por sentado la confrontación y, en consecuencia, que ha rechazado la posibilidad de acordar un sistema de evaluación del sistema educativo que, al abrigo de la aplicación de la LOE, estableciera unas pautas y unos criterios consensuados sobre los mecanismos evaluadores a adoptar.

Los sindicatos CCOO y UGT consideran inadmisible que, en el nuevo escenario educativo, con la nueva ley de educación vigente, el Gobierno regional de Esperanza Aguirre siga empecinado en una prueba que nada tiene que ver con los objetivos de las evaluaciones del sistema que se regulan en la LOE. Aguirre deja así­ constancia, una vez más, de la utilización partidista de los temas educativos que, sin ningún pudor, se colocan de barricada en la pugna contra el Gobierno central.

Los sindicatos recuerdan que este tipo de prueba está mal diseñada porque no recoge las variables fundamentales de todo proceso evaluador, como el tipo de centro, la diversidad de ritmos de aprendizaje o el contexto sociocultural y educativo del centro. Tampoco tiene en cuenta el punto de partida del alumnado (evaluación inicial), está desprovista de carácter formativo y, por supuesto, no va acompañada de recursos que posibiliten la adopción de medidas especí­ficas de apoyo. Se aplica en el último curso de la Primaria, cuando ya no es posible reorientar el proceso de enseñanza en ese nivel educativo, con el objetivo fundamental de clasificar los centros por sus notas y establecer un ranking al servicio del mercado de la enseñanza privada y de las polí­ticas privatizadoras del Gobierno regional.

La falta de rigor en el diseño de estas mal llamadas pruebas de evaluación -que se limitan a ser, en realidad, simples exámenes- se puso de manifiesto entre las dos anteriores, al reducirse el año pasado el grado de dificultad en las respuestas, buscando unos mejores resultados que el gobierno no tuvo escrúpulo alguno en interpretar como mejoras de la enseñanza, respecto al curso anterior.

Por todo ello, CCOO y UGT exigen la anulación de la prueba de 6º y el establecimiento de procesos evaluadores consensuados que se ajusten a la legislación vigente, aplicando el principio de economí­a de procesos de evaluación, no repitiendo innecesariamente, evitando, así­, el caos y la desorientación.