La UE también pretende reforzar los derechos sobre la propiedad intelectual y reducir las barreras no arancelarias "“como polí­ticas sociales y ambientales- de sus socios comerciales, además de potenciar unas "reformas internas", en el interior de la UE, aún más favorables al sector empresarial y acordes con la estrategia de Lisboa. El informe expone una agresiva estrategia de \’competitividad externa\’. En palabras del Comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson: "Queremos garantizar que las empresas europeas competitivas, respaldadas por las polí­ticas internas adecuadas, deben poder ganar acceso a los mercados mundiales y operar en ellos con seguridad. Ésta es nuestra agenda".

La \’doctrina de Mandelson" ^[2] se reduce a intensificar los esfuerzos de la instituciones europea para crear oportunidades para las empresas transnacionales en el exterior y a crear un entorno normativo más favorable para las empresas. Lo que supone mayor desempleo, precariedad, una profundización de la privatización de los servicios públicos y menos gastos públicos en sanidad, educación, cultura, integración, personas mayores y con discapacidad, además de perjudicar sobre todo a las condiciones de vida de las mujeres. En nombre de la competitividad, esta estrategia promueve fundamentalmente una mayor desregulación social, laboral y medioambiental.

Por ello la red Seattle to Brussels Network, una alianza de 70 ONGs, sindicatos, asociaciones y movimientos sociales de 16 paí­ses, urge al Parlamento Europeo de rechazar el informe "Caspary" que respalda los enfoques comerciales de Mandelson buscando únicamente el beneficio para las grandes corporaciones. Ecologistas en Acción opina que los parlamentarios deben frenar la apertura comercial para evitar mayores niveles de empobrecimiento y de explotación laboral, tanto en los paí­ses empobrecidos como en la propia UE. La apertura y desregulación de mercados así­ como la competitividad directa ha llevado a mayores niveles inseguridad social y laboral, desigualdades y deslocalizaciones de sectores de la economí­a europea que más han incrementado sus beneficios.

En abril, la Comisión Europea ha adoptado otra comunicación con el tí­tulo: "Una Europa global: una Cooperación Reforzada para facilitar a los Exportadores Europeos el Acceso a los Mercados". Los grupos de presión empresariales, como Eurochambres y Eurobusiness, se frotaron las manos y señalaron que habí­an pedido a la Comisión desde hace tiempo esta estrategia de acceso a mercados. El Consejo de Ministros de la Unión Europea de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores aprobó en Luxemburgo, el 24 de Abril, el mandato de la Comisión Europea para negociar cinco nuevos tratados de libre comercio (TLCs) con India, Corea del Sur, paí­ses del ASEAN, América Central y los Paí­ses Andinos. Curiosamente, el mismo dí­a, una delegación de Businesseurope, el lobby de las patronales europeas como la CEOE, se reunió con David O\’Sullivan, de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, para incentivar un rápido comienzo de las negociaciones bilaterales y demandar disposiciones obligatorias de servicios comerciales. Lo que demuestra una vez más que la Comisión Europea utiliza el dinero público para proteger los intereses de los más privilegiados entre la población europea.

Varios eurodiputados abogaron porque la Comisión Europea suspenda la apertura de negociaciones con la Comunidad Andina, hasta que se aclaren los ví­nculos entre paramilitares y congresistas en Colombia. El Movimiento Nacional de Ví­ctimas de Crí­menes de Estado de Colombia asegura que hay "evidencias importantes de pactos entre élites polí­ticas, muchas cercanas al presidente Álvaro Uribe, y paramilitares" y advirtió de que esto pone en cuestión el Estado de Derecho.

Más de 90 redes y organizaciones internacionales, entre ellos Ecologistas en Acción, criticaron en una carta dirigida a los ministros ^[3] que los nuevos TLCs constituyen una grave amenaza a la justicia social, la equidad de género y el desarrollo sostenible, tanto dentro como fuera de la UE. En particular vulnerarí­a la seguridad alimentaria y generarí­a enormes pérdidas de empleos. La inclusión de los "temas de Singapur" en las negociaciones, que ya fueron rechazados en el marco de las negociaciones en la OMC, amenaza con restringir las posibilidades de los paí­ses en desarrollo para aplicar reglas de inversión, polí­ticas de competencia y compras públicas para promover polí­ticas más acordes con las necesidades de su población, como la lucha contra el hambre, la conservación de recursos naturales y el acceso universal a los servicios públicos.

Con la eliminación de todas las restricciones a las importaciones y exportaciones se pone en peligro las legí­timas regulaciones para proteger el medio ambiente, asegurar el acceso a la salud y otros derechos sociales, alcanzar la soberaní­a alimentaria o mitigar el Cambio Climático. El comercio internacional es una de las mayores causas del Cambio Climático debido al transporte, ahondarlo aun más supone el incremento de emisiones de CO2 y de sus impactos globales.

Para Ecologistas en Acción es escandaloso ver cómo está siendo implementada la estrategia comercial de la UE sólo por los intereses del empresariado europeo, que además tiene un acceso privilegiado a la Comisión en Bruselas, mientras no ha existido un significante debate público y polí­tico. De hecho, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español no consultó al Congreso de los Diputados sobre estos asuntos y tampoco respondió a las peticiones realizadas por organizaciones sociales, como una carta que Ecologistas en Acción dirigió al ministro Joan Clos el pasado 23 de abril.