Los Gobiernos autonómicos de Baleares, Canarias, Castilla y León, Euskadi, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana han fijado, dentro de la baremación de los criterios para la admisión de alumnos, un punto de libre elección para los centros educativos, que éstos utilizan para impedir la escolarización de determinado alumnado, incumpliendo así­ la obligación social que se deriva del régimen de concierto educativo al que se acogen, al recibir fondos públicos. (Se adjunta listado con los criterios de baremación en todas las CC.AA.)

Entre los criterios para otorgar este punto de libre elección, los centros educativos computan que tenga parentesco con antiguos alumnos, cuente con un buen expediente académico, o sea hijo de funcionario público entre otros criterios. Al encontrarse muchos alumnos con una puntuación similar en el proceso de elección de centro, este punto de libre elección resulta decisivo, siendo, en la mayorí­a de los casos, el punto del desempate. CEAPA cree que su aplicación es de dudosa legalidad, al haber detectado que estos criterios son utilizados de manera discriminatoria.

Ante este hecho, CEAPA pide a las CC.AA. que eliminen esa prerrogativa de que disponen los centros educativos, para hacer así­ efectivo el principio constitucional de la igualdad de oportunidades.

CEAPA quiere recordar que también existen otros métodos disuasorios que utilizan muchos colegios concertados para impedir la escolarización de determinado alumnado. Como la ley les impide el cobro de la matrí­cula, imponen a las familias el pago de cuotas para actividades que argumentan que están ligadas al proyecto educativo del centro; fuerzan a las familias a realizar "donaciones"; así­ como el pago de uniformes y materiales escolares. Con estas prácticas logran obstaculizar la matriculación del alumnado con bajo nivel socioeconómico. Así­, por ejemplo, en el curso 2004-2005 sólo el 16,9% del alumnado extranjero estaba escolarizado en centros privados y privados-concertados.

CEAPA considera legí­timo que un centro privado seleccione a su alumnado si lo desea, pero no cree que esto sea legal en el caso de un centro privado bajo un régimen de concierto educativo, por medio del cual recibe dinero público y adquiere una responsabilidad social de escolarización en condiciones de calidad y equidad.

Esta confederación pide a las Administraciones educativas que estrechen la vigilancia sobre los centros educativos concertados y que, en caso de detectar irregularidades, suspendan el concierto.

Por otro lado, CEAPA pide al Ministerio de Educación y a los gobiernos de las CC.AA. que elaboren un mapa de centros en los que actuar de manera urgente con aulas de acogida, ratios de alumnos por aula muy reducidos, desdobles en las asignaturas instrumentales, extensión de los programas de refuerzo y orientación educativa, equipamientos informáticos, idiomas, educación gratuita más allá del horario lectivo, etc., con una mayor inversión económica en esos centros. Es decir, una atención prioritaria de la que no sólo serí­an beneficiarios los hijos e hijas de trabajadores inmigrantes, sino el alumnado autóctono de familias con bajo nivel socioeconómico.