Fiscales, jueces, abogados, agentes forestales y guardia civil han intervenido en las II Jornadas sobre Delincuencia Urbaní­stica organizadas por Ecologistas en Acción. De las diferentes intervenciones se concluye que la complejidad de las tramas que se esconden tras la actividad urbaní­stica ilí­cita dificulta enormemente su investigación. En parte se ha llegado a esta situación porque no funcionan los mecanismos de prevención, bien por falta de medios, bien por implicación con la actividad ilí­cita (servicios de inspección y de disciplina urbaní­stica de ayuntamientos y Comunidades Autónomas, etc). Para frenar esta tendencia es necesario poner en marcha mecanismos disuasorios y que impidan la ejecución de proyectos que dejan sin valor las sentencias posteriores aunque anulen dichos proyectos. En este sentido la demolición de las construcciones ilegales y las paralizaciones cautelares son imprescindibles.

A pesar de que existen actuaciones ilegales puntuales como construcciones aisladas en suelo protegido, estas no son el peligro principal. El grave problema son las grandes proyectos modelo "resort"promovidos por grandes empresas constructoras que cuentan con las licencias y autorizaciones administrativas pertinentes. Estos transforman el paisaje, destruyen el territorio y crean ciudades que nada tienen que ver con la cultura y arquitectura tradicional.

En estos grandes proyectos, en ocasiones la complicidad de las administraciones locales y autonómicas dificultan la actuación penal, dado que los proyectos han superado todo un procedimiento reglado. Sin embargo, las licencias, informes favorables, etc se conceden de forma irregular y forzando la interpretación de las diferentes normativas urbaní­sticas y ambientales.

Ante esta situación el Código Penal se manifiesta claramente insuficiente y requiere ser actualizado a una realidad compleja y a una sofisticada delincuencia.

Los expertos valoraron positivos los avances producidos en los últimos años como la creación de la figura del Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, la nueva Ley de Suelo, las modificaciones introducidas en la Ley de Aguas en las que se requieren informes de las Confederaciones Hidrográficas, la Ley de Evaluación de Planes y Programas, la Ley de acceso a la información y a la justicia.

A pesar de ello y para que estas leyes tengan una aplicación real sobre el terreno se requiere más medios económicos para crear fiscalí­as de medio ambiente en todas las provincias. en las que haya, al frente de ellas, al menos, un fiscal especializado y con dedicación exclusiva a medio ambiente y urbanismo. Este número deberí­a incrementarse en las zonas con mayor población y más actividad urbaní­stica. Igualmente se requiere una mayor formación, en la materia, de jueces y tribunales.