Las firmas, recogidas desde el pasado 6 de febrero, van dirigidas a los portavoces de la Comisión de Defensa a favor de una buena ley que ponga fin a la actual opacidad en la información sobre las transferencias españolas de armas y que evite ventas irresponsables a paí­ses inmersos en conflictos armados, con serias violaciones de derechos humanos o con grandes dificultades para salir de la pobreza.

"El resultado de las negociaciones parlamentarias no puede defraudar las expectativas de las miles de personas que se han manifestado a favor de una mejora del texto propuesto" ha declarado Mónica Costa, portavoz de Amnistí­a Internacional.

"A diferencia de otros paí­ses como Finlandia, Estados Unidos y Dinamarca, en España todaví­a no es posible saber exactamente qué se exporta, a quién o con qué finalidad. Esta falta de información no permite un control efectivo del comercio español de armas" ha añadido Mabel González, portavoz de Greenpeace.

A la demanda de más transparencia se une la preocupación por las exportaciones españolas de material de defensa y de doble uso a paí­ses en los que existe un conflicto armado o tensiones regionales, o a destinos donde las armas pueden ser utilizadas para cometer violaciones de derechos humanos, en contradicción con lo que marca el Código de Conducta de la Unión Europea.

El último informe que el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados sobre las estadí­sticas de exportación de Material de Defensa y de Doble Uso relativas al primer semestre de 2006 es un claro ejemplo de la urgencia de contar con una ley exigente que garantice la mayor transparencia y control de las transferencias de armas. El informe pone de relieve que España continua exportando a China, Israel, Colombia, Marruecos e Indonesia, entre otros. De estas operaciones se desconoce el producto concreto que se exporta, su usuario final y los criterios a la hora de dar luz verde a las exportaciones.

Las tres organizaciones han mantenido reuniones con los diferentes grupos parlamentarios, proponiendo enmiendas concretas al texto del Proyecto de Ley.

"Si los grupos parlamentarios, y muy especialmente los mayoritarios, no son capaces de consensuar las enmiendas necesarias para reforzar la transparencia y control, habremos perdido una oportunidad única para regular eficazmente y de forma responsable el comercio exterior de armas españolas", ha subrayado Ricardo Magán, portavoz de Intermón Oxfam.

Actos de movilización

Desde el pasado 6 de febrero, en que Amnistí­a Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam denunciaban que el proyecto de ley de comercio de armas presentado por el Gobierno en el Congreso es "un colador", y durante tres meses, miles de personas han participado en diversos actos de recogida de firmas a favor de una mejora sustancial de la ley en más de 40 localidades repartidas por toda la geografí­a española. Se han realizado eventos en A Coruña, Alicante, Albacete, Asturias, Bahí­a de Cádiz, Badalona, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudatella, Córdoba, Cuenca, Elche, Girona, Granada, Guadalajara, Huelva, Jérez, Las Palmas, León, Logroño, Madrid, Mahón, Málaga, Mataró, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Sant Cugat, Santa Coloma, Santander, Santiago, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Terrassa, Tres Cantos, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vilanova y Zamora, Zaragoza.

Información complementaria

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de diciembre el Proyecto de Ley sobre comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Amnistí­a Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace acogieron con satisfacción su aprobación al tratarse de una demanda histórica apoyada por cientos de miles de ciudadanos.

Sin embargo, la propuesta gubernamental introduce muy pocos avances con respecto a la normativa existente y debe ser modificada en su trámite parlamentario si se quiere en España una ley que garantice un control más estricto, transparente y responsable del comercio de armas.

En febrero de 2007, Amnistí­a Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace publicaron el informe "Comercio de armas en España: Una ley con agujeros", en el cual se analizan las debilidades de la propuesta gubernamental y se presentan una serie de recomendaciones para mejorarla.

Paralelamente, activistas de las tres organizaciones han realizado actos de campañas y recogidas de firmas en toda España para pedir a los diputados portavoces de la Comisión de Defensa que tengan en cuenta las peticiones de las organizaciones.