Los más de 6.000 contratados laborales, que prestan sus servicios en las embajadas, consulados, oficinas sectoriales y centros de la AECI y del Instituto Cervantes en el Exterior, carecen de la más mí­nima regulación de sus condiciones laborales. La conflictividad, como consecuencia de esa desregulación, es permanente. En las últimas semanas la FSP-UGT ha ganado varias sentencias por despidos nulos e improcedentes de representantes sindicales en el Exterior.

La propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas de negociar unas condiciones laborales mí­nimas son rechazadas por UGT, que las considera absolutamente insuficientes e inadmisibles, ya que supondrí­an aceptar unas condiciones abiertamente preconstitucionales para este colectivo de empleados públicos de la Administración General del Estado. UGT reclama, en lugar de condiciones mí­nimas, la negociación de un Convenio Colectivo para el personal laboral del Servicio Exterior, e insiste en la necesidad de "normalizar" la situación de este colectivo profesional. Urge poner fin a unas relaciones laborales que se encuentran al margen de nuestro ordenamiento constitucional.

La Administración española se está mostrando, en el contexto europeo, como una de las más inmovilistas y reacias a dotar a su personal en el exterior de un marco jurí­dico adecuado. Esta actitud se encuentra en abierta contradicción con el espí­ritu y la letra del recién aprobado Estatuto Básico del Empleado Público, y de los demás avances que en materia de legislación laboral se han experimentado. La Administración española trata de mantener al personal del Servicio Exterior de España al margen de esos avances y persiste en su intención de aplicar y someter a sus empleados públicos a las legislaciones laborales de paí­ses como Sudán, Congo, Irak o Arabia Saudita.