Es un deber prioritario de cualquier Gobierno garantizar la estabilidad y la mejora del sistema de pensiones, máxime teniendo en cuenta las previsiones de envejecimiento progresivo de la población española. Así­, el riesgo de que hasta un 30% de este fondo pueda destinarse a estas operaciones especulativas no queda reducido por la circunstancia de que las empresas que se elijan sean "responsables con la sociedad y con el medio ambiente", ya que lo grave en sí­ es el hecho mismo de que este capital público se invierta en esta suerte de loterí­a financiera.

Los STES-i consideramos, por tanto, que el Gobierno debe detener este anteproyecto en el que, lamentablemente, se hallan también involucrados los sindicatos "más representativos", que deberí­an por lo menos propiciar un debate al respecto entre el conjunto de trabajadoras y trabajadores.

Exigimos, pues, que este paso no se lleve a término. Porque, en caso de que se apruebe, ¿quién podrá a partir de ahora garantizar que otros fondos públicos destinados a garantizar los derechos más esenciales de la población no vayan también a engrosar la noria de la especulación y el enriquecimiento de unas pocas personas y empresas?