A finales del pasado mes de marzo, el Gobierno de Esperanza Aguirre presentó en el Consejo Escolar dos proyectos de decreto de currí­culum, correspondientes a Primaria y Secundaria, respectivamente, obligado por los tiempos marcados en la LOE, que establece el próximo curso como el plazo en que todas las comunidades autónomas deben tener regulados los contenidos mí­nimos de estos dos niveles de enseñanza. Sin embargo, lo enclenque de dichos proyectos hace sospechar de una motivación protocolaria y electoralista en el Gobierno, que huye de los temas esenciales para evitar posibles controversias en ví­spera electoral.

El contraste con lo regulado por otras comunidades es palpable si se toma como referencia, por ejemplo, los territorios de Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha. En comparación, los proyectos de Madrid son excesivamente genéricos y formalistas y rezuman escaso interés en aplicar y desarrollar una Ley Orgánica (LOE) y unos Reales Decretos (sobre enseñanzas mí­nimas) que, por imperativo legal y en el ejercicio del derecho competencial de la comunidad autónoma, debe establecer el Gobierno regional (hasta un 35 por ciento del contenido curricular de esas enseñanzas).

Una de las principales diferencias es la inexistencia de un anexo con la distribución horaria de las materias "“que es elemento obligado en toda normativa curricular y que, por supuesto, todas las comunidades enumeradas presentan-. Sin embargo, Madrid opta por mirar para otro lado, probablemente intentando evitar posibles conflictos con parte del profesorado de varios departamentos (Música, Plástica, Tecnologí­a, Inglés...) que, con la propuesta de la Consejerí­a, perderí­an horas de clase. Lo que dice del escaso rigor de dicha propuesta, más interesada en un buen escenario electoral para el PP que en una regulación adecuada de los contenidos. CC.OO. propone, en todo caso, una modificación de los perí­odos de clase de 60 a 50/55 minutos por materia, perí­odo que ha demostrado su eficacia.

La inconcreción de los dos proyectos se pone de manifiesto en el enunciado de medidas y actuaciones, que nunca se definen. Y a la postre, la brecha entre los madrileños y los ciudadanos de otras regiones se sigue agrandando y así­, mientras el profesorado de otros territorios dispondrá de unas orientaciones metodológicas que den coherencia al sistema educativo en todos sus centros, los docentes madrileños no encontrarán el anexo correspondiente. Sin embargo, esta desregulación es muy preocupante, pues podemos encontrarnos con metodologí­as incompatibles o absolutamente dispares para garantizar la adquisición de las competencias básicas, la continuidad de la adecuada escolarización y la movilidad del alumnado entre centros de la Comunidad de Madrid.

Para CC.OO., otras ausencias significativas se encuentran en el vací­o sobre los recursos necesarios y, en particular, en un asunto trascendente como la ratio/unidad. Así­ mismo, en el superficial tratamiento de las Competencias básicas "“las reguladas por la LOE y a cuyo desarrollo dedican, otras comunidades autónomas, un amplio y completo anexo-; o en la indefinición y generalidades sobre Atención a la Diversidad.

Frente a este raquitismo, los proyectos presentados en el Consejo Escolar madrileño, para su estudio y dictamen, dedican la mayor parte del articulado a afianzarse en la estructura y contenidos de la LOCE. Es el caso de las evaluaciones del aprendizaje, de las que desaparece el carácter formativo prescrito en la LOE y en cuyo articulado se añade, tanto para Primaria como para Secundaria, que la Consejerí­a de Educación, conforme a su propio plan de evaluación, podrá realizar evaluaciones externas. Es decir, que además de las establecidas con carácter general en 4º de primaria y 2º de la ESO, en Madrid podremos tener más. Lo que supondrá, en opinión de este sindicato, un proceso de "reevaluación" repetitivo e ineficaz de consecuencias caóticas. Todo ello, en un intento de perpetuar y extender el malo e inútil modelo de la evaluación de 6º a "cualquier curso" de la ESO.

Así­ mismo, en contraste, se establecen unas concreciones muy directivas sobre la materia de Religión y su alternativa: para garantizar que se preguntará cada año a los padres, para que se impartan en horario lectivo, para que no exista "discriminación horaria" "“concepto novedoso que no se toma en consideración ante ninguna otra materia-. Aunque, eso sí­, no especifica a qué religión se refiere o qué consideración disciplinar tiene esta asignatura o qué organización académica o profesional la respalda. Deja claro, en todo caso, lo que deberán hacer los alumnos de los padres que no opten por religión: recibirán la debida atención educativa... de modo que la elección de una u otra opción no suponga discriminación alguna. CC.OO. denuncia, una vez más, que el derecho de elección, en este caso, sólo se permite a los padres que optan por religión, pues la libertad para elegir una opción laica está limitada a contenidos que no supongan "discriminación alguna"..., por lo que, en vez de elegir, recibirán la debida atención educativa.

Se trata, en suma, de una norma protocolaria, más preocupada por el contexto electoral que por el contenido, cuyos más densos desarrollos se anclan en la LOCE frente a la nueva articulación del sistema educativo de la LOE. Y que se presenta con muy poca convicción ante el Consejo Escolar, cuando éste ha clausurado los trabajos de su Comisión de Estudio, ante la inminencia de las elecciones -por lo que no parece posible que pueda existir un dictamen antes de esa fecha-.