El suelo sobre el que se pretende construir la macro urbanización está calificado como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) desde octubre de 1989, y LIC (ES0000046) desde enero de 1998. Los terrenos también fueron declarados "RESERVA DE LA BIOSFERA" en 1997 por la UNESCO.

Al estar clasificados los terrenos como LIC, y ZEPA, el proyecto vulnera el art. 6 de la Directiva 92/43/CEE, la Directiva 97/62/CEE, la Directiva 79/409/CEE, y la sentencia del TJCE de fecha 13-01-05 (Asunto C-441/03). La urbanización, además, se ubica dentro de los lí­mites del Parque Natural Cabo de Gata, en un Hábitat Prioritario. De acuerdo con la normativa autonómica, estatal y europea, el proyecto debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental.

Este mismo proyecto ya fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental en 1996 y resultó desfavorable, según publicó el B.O.P. número 95 de fecha 17-05-96. Una nueva Evaluación de Impacto Ambiental no cambiarí­a la anterior que anuló la urbanización por el alto valor ecológico de los terrenos y por su falta de justificación.

Por estos motivos, entre otros, Ecologistas en Acción tiene interpuesto un recurso contencioso administrativo en el TSJA, con sede en Granada, los hechos han sido denunciados en la Fiscalí­a y la Comisión Europea tiene abierto un expediente al Estado Español.

El Ayuntamiento de Ní­jar tiene perfecto conocimiento de la ilegalidad del proyecto por lo que es de aplicación el artí­culo 78 de la Ley 7 /85 de Régimen Local. De acuerdo con esta Ley, son los concejales que han votado a favor del proyecto los que deben indemnizar al promotor una vez se anule el proyecto o se proceda a demoler lo construido.

El arquitecto del proyecto y copropietario de los terrenos fue quien elaboró la planimetrí­a de las Normas Subsidiarias municipales y lógicamente incluyo como urbanizable su finca. Este mismo arquitecto estuvo relacionado con Luis Roldán cuando era Director General de la Guardia Civil y aparece como socio de su testaferro, Jorge Esparza, en la mercantil RAMANSIPA.

Este polémico proyecto ilegal se ha tramitado urgentemente, en ví­speras electorales, ante el riesgo de que cambie el equipo de gobierno municipal. La Junta de Gobierno se celebró el dí­a 12 de abril y sólo ha tardado siete dí­as en ser publicado el edicto en el B.O.P.. Además, como sucede habitualmente con los asuntos polémicos, el edicto no lo firma el Alcalde de Ní­jar sino el "Alcalde Accidental", D. Manuel Rodrí­guez Montoya.

Hechos similares se produjeron en anteriores elecciones, baste recordar la compra con dinero público por parte del Ayuntamiento de Ní­jar del hoy demolido Edifico de Genoveses, convertido en mirador. El acuerdo de compra se aprobó también en ví­speras electorales ante la incertidumbre de su resultado y para evitar que los concejales que votaron a favor de la licencia ilegal tuvieran que desembolsar de su bolsillo la indemnización a los propietarios que habí­an construido el edificio con permiso municipal.