– Los casos denunciados e investigados por las autoridades competentes, deben de ser perseguidos, pero en ningún caso pueden extrapolarse como sospecha a todo un sector que juega un papel fundamental en nuestra sociedad. Por las acciones de unos pocos no debe ponerse en tela de juicio la ética de la solidaridad que guí­a a las ONG y que se traduce en una cada vez mayor participación de la ciudadaní­a en la construcción de una sociedad comprometida con la justicia social, la convivencia y la cohesión.

– Las ONG tenemos la obligación de ser transparentes y de garantizar la destinación de los recursos a los fines fundacionales. En este sentido, debemos valernos de todos los medios idóneos de control y auditoria en la gestión de los fondos públicos y donaciones que se nos confí­an e informar oportuna y verazmente sobre la destinación y ejecución de esos recursos.

– El tratamiento periodí­stico poco riguroso de las prácticas en las ONG, perjudica su quehacer y repercute en los resultados que han contribuido al desarrollo de comunidades y colectivos objeto de las intervenciones. La información publicada por el periódico El Paí­s en su edición del lunes 9 de abril, con el tí­tulo "˜La Fundación Lealtad detecta anomalí­as en la contabilidad y gestión de 70 ONG"™ es un ejemplo de esas prácticas periodí­sticas ante las que existe sobrada razón para reclamar veracidad y objetividad en las informaciones.

La FSG participa, de manera voluntaria, desde el año 2003 en las evaluaciones de transparencia y buen gobierno de la Fundación Lealtad, por considerarlas una garantí­a de transparencia, eficacia y eficiencia para los financiadores y beneficiarios. De acuerdo con los 9 principios aplicados, nuestra organización muestra excelentes resultados ya que cumple í­ntegramente 8 de los mismos. En cuanto al sub-epí­grafe 6A que hace referencia al Principio de la pluralidad de la financiación. Diversificación en fondos públicos y privados, la evaluación muestra que pese al incremento anual de la financiación privada, ésta aún no alcanza el 10% requerido como mí­nimo. Nuestro esfuerzo se ha encaminado a la búsqueda de diversas fuentes de financiación, por cuanto se entiende que a mayor diversidad, mayor independencia.

La FSG tiene una alta proporción de financiación proveniente de diferentes administraciones públicas (más de 70 administraciones de diferentes ámbitos y colores polí­ticos: locales, autonómicas, estatales y europeas) y desgraciadamente, en menor medida de instituciones privadas o particulares. Esta situación evidencia una dificultad para acceder a fondos privados dado que el carácter de nuestra misión "la promoción de la comunidad gitana" no encuentra la misma reacción solidaria entre los particulares y las empresas, que otras causas.

¿Qué hace la FSG para garantizar la transparencia de su gestión?

– El Informe Anual se publica y distribuye a los agentes claves y partes interesadas en todas las Comunidades Autónomas en las que actuamos. En el se recogen los proyectos realizados y una detallada descripción con fuentes de financiación y resultados de los proyectos.

– De manera sistemática y desde hace muchos años, la Fundación Secretariado Gitano cuenta con sistemas de control del buen gobierno y de la buena gestión de su actividad: además del procedimiento de control y auditoria interno, la firma Forward Economics realiza la auditoria de cuentas previa aprobación por parte del Patronato de la Fundación y el Protectorado de Fundaciones realiza la supervisión correspondiente. Por su parte, los diferentes organismos financiadores, cumplen con la labor de auditoria de manera periódica y exhaustiva. Así­, en 2005 y 2006 y a modo de ejemplo, la Fundación ha participado en diversos procedimientos de control.

– Las justificaciones a las administraciones locales o autonómicas que financian algún proyecto y que obviamente son supervisadas por la intervención correspondiente, complementan esta labor de rendición de cuentas y presentación de informes que demandan de nuestra entidad la mayor solvencia profesional y técnica.