Oganizaciones ecologistas y sindicales (Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF-Adena, CC.OO. y UGT) han pedido a Aznar que no autorice a empresas de EE UU la construcción en España de centrales térmicas, en respuesta a la negativa de Bush a ratificar el Protocolo de Kioto sobre
cambio climático.

Estas organizaciones han enviado conjuntamente una carta al presidente del Gobierno español, José Mª Aznar, y a los siete grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, en una iniciativa que forma parte del movimiento mundial de rechazo provocado por la decisión del presidente de EE UU, George W. Bush, de abandonar el Protocolo de Kioto.

Las organizaciones firmantes opinan que España, al estar comprometida como parte de la Unión Europea en el proceso de ratificación del Protocolo, debe hacer todo lo posible para conseguir que el Gobierno de
EE UU reconsidere su postura, dado que se trata del paí­s responsable de la cuarta parte de las emisiones mundiales de los gases que provocan el cambio climático.

Ante esto, una de las medidas que el Gobierno español deberí­a tomar es la relativa a los intereses de las empresas norteamericanas en España, particularmente aquellas inversiones que van a suponer una mayor contribución al aumento de emisiones de CO2. En concreto, señalan quelas siguientes empresas de capital total o parcial de EE UU tienen proyectos de centrales térmicas en España:

ENRON: 3.600 MW en 3 centrales.
ENTERGY: 2.000 MW en 2 centrales.
INTERGEN: 1.200 MW en 1 central.
AES ELECTRIC: 1.200 MW en 1 central.
TEXACO (junto a otras compañí­as): 920 MW en 1 central.
OGDEN ENERGY WEST: 500 MW en 1 central.
TXU (a través de otra compañí­a): al menos 400 MW en 2 centrales.
EDISON MISSION ENERGY: 400 MW en 1 central.
CONOCO: 175 MW en 1 central.

En total, todas estas centrales podrí­an suponer la emisión de unos 36 millones de toneladas de CO2 al año.

Según los ecologistas y sindicalistas, el Gobierno español no deberí­a autorizar la construcción de ninguna de estas centrales térmicas, y por tanto denegar las concesiones de instalación, por dos motivos principales:

porque con ellas aumentarí­an las emisiones en nuestro paí­s, que está obligado por los objetivos del Protocolo de Kioto a situarlas en un nivel claramente inferior al actual, y porque, además, ello ocurrirí­a para beneficio de empresas de un paí­s que unilateralmente no quiere vincularse con el Protocolo, y que, por tanto, no acepta reducir sus propias emisiones.

Estas organizaciones creen que, por el contrario, lo que se deberí­a favorecer es la inversión de empresas en energí­as renovables, proyectos que favorecen la reducción de emisiones al tiempo que posibilitan una mayor creación de empleo.