Desde el ODG consideramos que el "Proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental" representa una ocasión para impulsar medidas que aseguren el cumplimiento í­ntegro de las obligaciones del Estado en cuanto asegurar, promover y defensar los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos independientemente del paí­s donde se encuentren, y tal y como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de las Naciones Unidas, que cuenta con la adhesión del Estado español.

El Observatorio de la Deuda en la Globalización constituye una red coordinada de equipos dedicados al activismo de investigación coordinados desde la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Su trabajo se centra en las relaciones Norte-Sur y en la generación de deudas entre comunidades en el marco del actual proceso de globalización. La solicitud de dicha enmienda se sustenta en un trabajo de varios años sobre los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales que afectan a poblaciones de los paí­ses empobrecidos, generados por empresas españolas, y en algunos casos contando con el apoyo de algunos de los mecanismos públicos de apoyo a la internacionalización de la empresa española en el exterior (Fondo para Inversiones en el Exterior - FIEX, Programa de Financiación de Grandes Inversiones Españolas en el Exterior - PROINVEX, seguros de la Compañí­a Española de Créditos a la Exportación "“ CESCE, Instituto de Crédito Oficial "“ ICO-, créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo - FAD o mecanismos análogos). Por ello, consideramos importante que las empresas que actúen en el exterior de nuestro territorio se sometan también allí­ a la atribución de las responsabilidades, obligaciones de prevención y reparación de daños ambientales, que les serí­an aplicadas si realizaran actividades en el territorio español, además de que cumplan con las legislaciones existentes en el paí­s donde realizan sus actividades.