El Sindicato Federal Ferroviario de CGT interpuso un recurso contencioso administrativo, tramitado como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, puesto que se estaban vulnerando tanto el derecho de huelga como el de libertad sindical.

En sentencia de 9 de febrero de 2004, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos dio la razón, declarando nulos los servicios mí­nimos impuestos por el Ministerio de Fomento. Frente al recurso de casación interpuesto por la Administración del estado, el Tribunal Supremo ha vuelto a darnos la
razón, desestimando el recurso.

El fundamento de ambas Sentencias es que no se justifican los Servicios Mí­nimos ni se explica la razón de imponer éstos y no otros, lo que además
impide saber si son proporcionales o abusivos. Esta actuación es por sí­ misma vulneradora del derecho fundamental de huelga.

La imposición de Servicios Mí­nimos supone sacrificar el derecho fundamental de los trabajadores a la huelga, y la falta de justificación de los criterios y razones por las que se establecen unos determinados servicios como fundamentales, impide que los trabajadores "conozcan las razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó", que en el caso de los trenes de mercancí­as no son los del público, sino los intereses puramente económicos de los empresarios.

La Huelga es el arma principal de que disponemos los trabajadores para hacer valer nuestros derechos, para reclamar nuestras reivindicaciones y para enfrentarnos a las agresiones del capital y de sus gobiernos. Se trata de un derecho fundamental, cuya restricción tiene como único objetivo tratar de dejarnos indefensos; de ahí­ la importancia de esta sentencia contra la arbitrariedad de los servicios mí­nimos.