Ambas entidades recuerdan que el traspaso del sistema penitenciario de salud por parte del Ministerio del Interior a las Comunidades Autónomas con competencias sanitarias, tal y como establece la Ley 16/03, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, tení­a que haberse hecho efectivo antes del 1 de diciembre de 2004, "pero a dí­a de hoy sigue sin ser realidad".

ENLACE y APDH señalan que "a la sociedad del siglo XXI deberí­a avergonzarle la situación actual de las personas enfermas en prisión, donde se concentran tasas de enfermedades graves mucho más elevadas que en la calle". El 18"™6% de presos tienen VIH, el 4"™2% tiene SIDA, el 41% tiene hepatitis, el 5% tiene tuberculosis y el 25"™7% de presos presenta trastornos psicopatológicos.

Sin embargo, el personal sanitario de las prisiones es muy escaso (existe 1 funcionario de seguridad por cada 5 presos, pero tan sólo 1 médico por cada 162 presos y 1 enfermero por cada 127 presos), no está preparado para tratar enfermedades infecciosas (son médicos de atención primaria) y tampoco hay psiquiatras. Además, su labor médica se ve afectada por el hecho de que dependen jerárquicamente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Tampoco funciona la coordinación con la red pública para garantizar que los presos accedan a consultas especializadas en el exterior o puedan ser atendidos en hospitales siempre que lo necesiten, perdiéndose muchí­simas citas por falta de efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que custodien el traslado.

Ambas entidades remitieron por escrito esta demanda a las Administraciones competentes, instituciones oficiales, partidos polí­ticos, sindicatos y organizaciones sociales de ámbito autonómico y estatal. El Defensor del Pueblo de España y también el de Andalucí­a han iniciado la tramitación de esta queja. Por su parte, distintos Ministerios han señalado, en respuesta a este escrito, que se están dando los pasos para iniciar la fase de negociación bilateral con cada una de las Comunidades Autónomas. En particular, el Ministerio de Sanidad y Consumo considera que "es previsible que a lo largo del presente ejercicio se puedan lograr acuerdos con varias comunidades autónomas que permita abordar y articular el traspaso de medios y servicios de la sanidad penitenciaria".

Por su parte, la Junta de Andalucí­a, y en particular la Consejerí­a de Salud, ha informado de que en la actualidad lo que se está haciendo es reactivar el Convenio de colaboración en materia sanitaria suscrito con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, mejorando aspectos como la gestión de citas, como requisito previo "para solicitar el inicio de los trabajos de la Comisión Mixta de Transferencias", encargada de impulsar el traspaso.
Según ENLACE y APDH "una cosa es cumplir en su totalidad un convenio que estaba firmado desde 1995 y otra pretender que esto sea un paso previo imprescindible para el traspaso de la sanidad penitenciaria al SAS". Ambas entidades insisten en que "el traspaso de las competencias sanitarias a los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas es lo primero y que cualquier otra solución parcial sigue sin dar cumplimiento a la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud".