La atención a la dependencia se ha convertido en los últimos años en una de las principales necesidades y preocupaciones de la ciudadaní­a. El notable incremento de las expectativas de vida, el envejecimiento poblacional, las situaciones de discapacidad congénita o sobrevenida, la incorporación de la mujer al empleo, los cambios en las estructuras familiares son realidades que configuran nuevas demandas sociales que deben ser atendidas desde los poderes públicos.

El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población son dos de los elementos más caracterí­sticos y relevantes de nuestra sociedad actual. Es más que evidente que existe una estrecha relación entre las situaciones de dependencia y la edad, pues el porcentaje de personas con limitaciones en su capacidad funcional aumenta conforme consideramos grupos de población de mayor edad. En definitiva, vivimos más años pero en muchos casos con un nivel de dependencia que requiere de cuidados intensivos, especializados y prolongados en el tiempo. El gran reto no es solo alargar la vida, sino añadir vida a los años.

Dar cobertura a las situaciones de dependencia es, por tanto, un derecho, una necesidad de primer orden e indudablemente una obligación de las Administraciones Públicas como garantes de ese derecho y gestores de los sistemas de protección social.

Mejorar la calidad de vida de las personas mayores, su autonomí­a, su integración y participación activa en todos los ámbitos debe ser uno de los ejes fundamentales de actuación polí­tica y social. Es preciso potenciar un envejecimiento activo y eliminar todos aquellos obstáculos que dificultan la vida independiente y condenan a las personas mayores a la invisibilidad, la pobreza y la exclusión. En la Comunidad de Madrid viven más de 850.000 personas mayores de 65 años de las cuales cerca de 200.000 superan los 80 años. Una de las problemáticas más relevantes es el importante número de personas mayores que viven solas, 187.000, principalmente mujeres y en muchos casos perceptoras de pensiones mí­nimas.

Frente a esta situación los niveles de atención por parte de la Administración Autonómica son ridí­culos. La previsión de Ayuda a Domicilio se cifra en 50.000 usuarios que cubrirí­a muy ajustadamente la cifra de mayores de 79 años que viven solos, mientras que la Teleasistencia cuyo objetivo actual se concreta en 80.000 usuarios apenas servirí­a para atender a los mayores de 79 años que no viven con una persona de edad inferior, existiendo, además una lista de espera de 17.000 personas para la obtención de una plaza pública residencial.

A este grave y claro nivel de desprotección y cobertura social hay que añadir el importante peso del sector privado en la gestión de los servicios y prestaciones de atención convirtiéndose en uno de los principales ámbitos de aplicación de las polí­ticas privatizadoras del Gobierno Regional. El Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, dos recursos esenciales para garantizar una vida digna a las personas mayores en su entorno habitual evitando institucionalizaciones innecesarias y
siendo mecanismos claves en la prevención de problemáticas asociadas al envejecimiento, están gestionados en su totalidad por empresas privadas.

En cuanto a la atención residencial, el esfuerzo presupuestario de este Gobierno dirigido a paliar una situación de carencia que se viene arrastrando durante varias legislaturas, además de escaso, se ha limitado a potenciar fórmulas de contratación de plazas privadas y cofinanciadas, resultando que del total de plazas disponibles, 18.209, cerca de 11.000 sean de carácter privado. La falta de control y mecanismos de inspección de la calidad de la atención en los centros privados, unida a las precarias condiciones de trabajo del personal de estos centros convierten a este sector en un espacio de gran negocio y beneficio en perjuicio de la atención de un colectivo tan vulnerable como el de las personas mayores.

Ante esta situación, Comisiones Obreras de Madrid y la Unión General de Trabajadores de Madrid exigimos al Gobierno Regional polí­ticas tendentes a asegurar la calidad de vida de las personas mayores y sus familias como signo de respeto, progreso e igualdad y un desarrollo regional de la Ley de Atención a la Dependencia en el marco de una red de servicios públicos garantizados que haga realidad el nuevo derecho de ciudadaní­a.

Por todo ello, las organizaciones UGT de Madrid y CC.OO. de Madrid proponemos:

* Negociación y desarrollo de un nuevo Plan Regional de Atención a las Personas Mayores.

* Creación de plazas residenciales públicas tendente a eliminar las listas de espera.

* Incremento y ampliación de cobertura de los recursos alternativos, como centros de dí­a, ayuda a domicilio y teleasistencia, bajo criterios de universalización.

* Desarrollo de iniciativas y recursos que favorezcan el mantenimiento de la persona mayor en su entorno habitual, adaptación de viviendas, espacios comunes y ayudas técnicas.

* Promover el carácter público de los recursos de atención y potenciar mecanismos de control e inspección de la calidad de los mismos.

* Fomentar cauces de participación social, cultural y ciudadana de las personas mayores.

* Garantizar el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomí­a Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia:

* Constitución del Comité Consultivo Regional con carácter tripartito y paritario.

* Creación de una red de Servicios Públicos con gestión, provisión y financiación pública, garantizando la calidad de los mismos.

* Incremento de los recursos recogidos en el catálogo de prestaciones y servicios, en términos de mayor cobertura e intensidad.

* Desarrollo de iniciativas que aseguren la calidad del empleo, cualificación y profesionalización del Sistema Regional de Atención a la Dependencia.